En promedio cada seis minutos algún ciudadano o entidad privada ha interpuesto, en lo corrido de este año, una demanda en contra del Estado. Esos 7.600 procesos, radicados mes tras mes, hacen parte de los 374.180 litigios que enfrenta la Nación.
Si la Justicia fallara a favor de ellos, la Administración tendría que dejar de funcionar un año para destinar todo su presupuesto al pago de los $207 billones que, hasta el 31 de octubre pasado, le reclamaban.
Las pretensiones económicas, variables cada día, equivalen a casi el 30% del Producto Interno Bruto. Con esos recursos se podrían construir unas cinco millones de casas de interés prioritario, similares a las 100 mil puestas en marcha por el gobierno de Juan Manuel Santos, y quedaría así solucionado el déficit habitacional del país.
