Por 17 votos a favor y seis en contra, el Consejo de Estado declaró este martes la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría a la exsenadora liberal Piedad Córdoba.
La ponencia que avaló el máximo tribunal de lo contencioso administrativo es del magistrado William Hernández, quien considera que la destitución en octubre de 2013 a la exsenadora era ilegal puesto que la información hallada en 2008 en el computador de alias Raúl Reyes no fue sometida a la cadena de custodia debida y pudieron colarse documentos irreales.
La líder de izquierda, recordada por labores humanitarias frente a la liberación de secuestrados en manos de la guerrilla, fue sancionada por 18 años en la Procuraduría durante 2010 por supuesta colaboración con las Farc, al ser señalada por el procurador Alejandro Ordóñez de dar información a la subversión sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de plagiados y de haber colaborado con la defensa judicial de algunos de los exjefes rebeldes.
Además, el Ministerio Público también inhabilitó a Córdoba por 14 años en el 2012 por haber supuestamente aportado 25 millones de pesos a la campaña de Ricardo Montenegro a la Cámara en 2010, cuando ella era parlamentaria. Y hay otra demanda frente a esta sanción también.
No obstante, este segundo proceso no ha presentado ningún avance en la alta corte.
En el caso de la primera sanción, a la que se señaló a la exparlamentaria liberal de hacer parte de la 'farcpolítica', el Ministerio Público la acusó de 'colaborar y promover la guerrilla de las Farc', con base en los supuestos archivos encontrados en el computador de Reyes, muerto en medio del polémico bombardeo de la fuerza pública colombiana en Ecuador.
El material probatorio que estimó el ente de control disciplinario estaba compuesto por conversaciones del líder rebelde con una mujer a la que llamaban Teodora o La Negra, quien se supuso era Córdoba.
Estos diálogos, según la Procuraduría, rebasaban la órbita de la gestión humanitaria de liberación de secuestrados y se metían en los terrenos de la asesoría a las Farc para relacionarse con otros gobiernos de izquierda de la región y para actuar de forma 'hostil' contra opositores políticos.
En el fallo disciplinario se lee que Córdoba 'dio información a las Farc sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados, concedió declaraciones en diferentes actos públicos, colaboró con la defensa de algunos exjefes y miembros del grupo guerrillero en procesos judiciales seguidos contra ellos y ejerció actos de promoción para favorecer a las Farc'.
En su momento, la Corte Constitucional avaló las pruebas de la Procuraduría pero la Corte Suprema advirtió sobre la ilegalidad de la cadena de custodia del computador de Reyes, lo que ponía en duda la veracidad de la supuesta información hallada.
La exsenadora, a través de las redes sociales, había advertido: 'sobre ponencia del Consejo de Estado solo pido que se falle en derecho. El país sabe que me inhabilitaron arbitrariamente con pruebas que la Corte Suprema invalidó #SoyInocente'.
En otro mensaje reiteró la decisión del máximo gtribunal de la justicia ordinaria a su favor: 'si las pruebas no tuvieron validez para la Corte Suprema, máxima instancia jurídica, ¿por qué para el procurador sí lo tuvieron?'.
Reclamó Córdoba sus derechos políticos y 'sobre todo reclamo los de toda la gente que votó para que les representara en el Senado. Primero fueron 18 (años) con arbitrariedad y luego 14 con ensañamiento. El derecho a elegir y ser elegida es un derecho democrático que a su vez es garante de los derechos fundamentales'.
La excongresista, al considerar que todo se trata de una 'persecución política' en su contra, interpuso una tutela ante el máximo juez constitucional y una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el tribunal consejero de Estado.
