Hoy, veintinueve años después del holocausto, y a pocos meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita su veredicto sobre si condena o no al Estado por estos hechos, en el proceso por la toma y retoma del Palacio de Justicia, según las víctimas, lo que menos ha habido es precisamente justicia. (Clic aquí para ver programación de la conmemoración, en Bogotá)
El apoderado de las víctimas y miembro fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, Eduardo Carreño, le dijo a EL HERALDO que 'este proceso, tras 29 años, se encuentra en una situación de impunidad', sobre todo porque los miembros de la fuerza pública vinculados, incluyendo dos condenados, son seis, 'cuando deberían ser al menos 50 de la jerarquía de mando del Ejército, la Policía y el DAS'.
Se refiere el jurista al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, cuya condena fue ratificada la semana pasada; al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, a quien en 2012 le ratificaron la sentencia; al coronel (r) Edilberto Sánchez, cuyo caso espera decisión de primera instancia en el Juzgado 55 de Conocimiento de Bogotá y al general (r) Iván Ramírez Quintero, quien en 2011 fue absuelto junto al sargento (r) Gustavo Arévalo y al mayor (r) Fernando Blanco, caso en que se espera la resolución de la apelación.
Por el otro lado, en abril de 2013, el Juzgado 2 de Conocimiento de Bogotá condenó a nueve guerrilleros del extinto M-19, entre ellos la desaparecida Irma Franco, por la toma al Palacio, a pesar de que los procesos contra los rebeldes cesaron con el indulto del proceso de paz.
Vea la galería Imágenes de la toma al Palacio de Justicia y los honores que se han hecho.
El jurista del Cajar advierte, además, que en la CorteIDH, en la que habría un fallo en febrero próximo, 'está pendiente la decisión en contra del Estado colombiano, en donde hay aceptación de responsabilidad parcial por parte de la delegación del Gobierno, y falta determinar el alcance total del fallo, pero seguramente va a ser de carácter condenatorio'.
Carreño señaló que las víctimas están a la espera también de decisiones 'en relación con las interceptaciones que se hicieron por el presidente Belisario Betancourt y el Consejo de Ministros de la época, ya que la Comisión de Absoluciones (Acusaciones) de la Cámara no ha avanzado en nada'.
Para el legista, con los fallos emitidos, ya se encuentran probados cinco asuntos fundamentales en el proceso: el primero que las organizaciones de seguridad del Estado, especialmente el Ejército, 'conocían previamente de la toma del M-19 y facilitaron el ingreso de la organización al Palacio de Justicia', según la Comisión de la Verdad, para capturar fácilmente a los rebeldes.
Según el representante de víctimas, 'esto tiene unas implicaciones jurídicas y políticas muy importantes porque quiere decir que todo lo que pasó en el Palacio es responsabilidad del alto mando militar'.
Lo segundo probado es que entraron 35 guerrilleros 'y hoy hay 22 cadáveres de subversivos identificados y los demás cuerpos no aparecen'; tercero, el magistrado Carlos Urán salió vivo y, 24 horas después, 'lo devolvieron al Palacio y lo ejecutaron con un tiro de gracia, y que su cartera apareció en las bóvedas de la Brigada 13, a cargo de Sánchez Rubiano'.
Cuarto, hay plena convicción de la salida con vida de cinco personas de la cafetería, cuatro trabajadores y la guerrillera Franco; quinto, varios estudiantes del Externado de Colombia salieron y fueron 'torturados' en las caballerizas de Usaquén durante 28 horas y, después, por influencias de los familiares, que eran altos funcionarios del Estado, fueron dejados en libertad.
Bicicletas por los desaparecidos. Los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia convocaron una manifestación para hoy, desde las 11 a.m., en la Plaza de Bolívar, que han llamado '29 años de impunidad en la memoria'.
En el acto participarán las bandas musicales de César López, Reincidentes y la batucada ‘La Tremenda Revoltosa’. Luego, en bicicletas, partirán desde las 3 p.m. hacia el Cantón Norte, donde se realizará un plantón.
La toma en noviembre
El M-19, en la denominada ‘Operación Antonio Nariño, por los Derechos del Hombre’, asaltó el miércoles 6 de noviembre de 1985 la sede judicial más importante del país y mantuvo a 350 rehenes entre magistrados, empleados y visitantes, lo que produjo una reacción inmediata de la Policía y el Ejército, que rodearon el edificio e iniciaron una operación de retoma que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre.
El saldo de los hechos fue de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados; y 11 personas desaparecidas. Combatieron mil uniformados contra 35 guerrilleros.
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