Mientras que el vicefiscal Jorge Perdomo dijo anoche, desde Magangué, Bolívar, que no hay indicios serios de que los negociadores del Gobierno en La Habana hayan sido chuzados en el restaurante fachada de la central de inteligencia Andrómeda; el director de la revista Semana, Alejandro Santos, aseguró que la publicación tiene pruebas de que la delegación sí fue hackeada.
'No podemos decir con contundencia que allí se estaba espiando a negociadores de las Farc. Lo que hemos hecho es un allanamiento en el que se han incautado algunos computadores y están siendo objeto de análisis, y cuando la Fiscalía tenga los resultados, los dará a conocer a la opinión pública', afirmó Perdomo.
La hipótesis se orienta, según las fuentes del organismo investigador, a que lo que se estaría fraguando en Andrómeda era un supuesto sabotaje al proceso electoral.
Por su parte, el director de la revista Semana, medio que reveló el escándalo el martes, aseguró en la emisora Blu Radio que 'en esa fachada de legalidad se hacían trabajos ilegales. Tenemos todos las pruebas, las fuentes y el acervo probatorio y testimonial de lo que ocurrió'.
Añadió Santos que en el restaurante de Galerías se espiaba ilegalmente 'no solo a los negociadores sino a otros sectores' y agregó que el Gobierno y los militares tratan de bajarle la temperatura al escándalo, cuestionando la credibilidad de la revista, tal y como ocurrió con las primeras chuzadas del DAS.
De hecho, al aparente cambio de hipótesis de la Fiscalía, de las chuzadas a la delegación gubernamental hasta el supuesto sabotaje electoral, lo antecedió la reculada del presidente Juan Manuel Santos, quien al principio atribuyó el hecho a las 'fuerzas oscuras' y luego dijo que las fachadas de inteligencia eran 'totalmente lícitas'.
Ante estas reacciones estatales aparentemente contradictorias, salta el interrogante de si, en efecto, lo que se está es tratando de bajarle el tono a las gravísimas denuncias.
De otro lado, el portal Confidencial Colombia reveló que los representantes del restaurante y sala de videojuegos Buggly también habrían estado en un campus party de Medellín, al parecer, reclutando jóvenes hackers: 'de allí surgen dos nombres al momento de investigar: Luis Cano, director de Hackbog y presidente de la corporación, y Juan Carlos Mejía, secretario general de la misma'. Este último es el personaje a quien halló la Fiscalía durante el allanamiento y que se identificaría como sargento del Ejército.
Añade el sitio que 'Mejía (...) dejó entender que el Ejército respaldaba la operación financieramente y que se hacían los encargos para conseguir los datos interceptados ilegalmente'.
