El magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, aseguró este martes que el marco jurídico necesario para la aplicación del acuerdo agrario que negocian el Gobierno y las Farc tardaría un año en crearse.
Correa se expresó así en declaraciones a Efe tras tomar parte del foro 'Tierras, Paz y Postconflicto en Colombia', en el que han intervenido hoy más de una decena de expertos gubernamentales y de diversas asociaciones para debatir sobre ese punto, uno de los más espinosos en el país suramericano, pues se considera que la propiedad de la tierra fue uno de los detonantes del conflicto.
Las bases del preacuerdo que las partes firmaron sobre la propiedad de la tierra, considerada como uno de los principales detonantes del conflicto armado, contemplan, entre otras medidas, completar el catastro rural, pues un 21 % de los propietarios no tienen formalizados sus títulos.
Asimismo, también se especifica en el borrador de ese preacuerdo que el Gobierno creará un Fondo de Tierras para ofrecer territorios a quienes no posean terrenos o estos sean insuficientes para su subsistencia.
'Son medidas legales que podrían estar listas en un año, ya tenemos precedentes, no sería algo extraordinario', dijo a Efe Correa, que participó en un acto en Bogotá sobre restitución de tierras en Colombia.
La medida desarrollada hasta ahora en el país en relación a la propiedad de la tierra es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, creada en 2011 para devolver la tierra a quienes fueron desplazados por la violencia en el país.
Sin embargo, la restitución, que apenas representa el 6 % del problema agrario, ha cumplido en este tiempo el 0,01 % de las expectativas del Gobierno, pues de los 160.000 denuncias que esperaban tramitar entre 2010 y 2014, los tribunales han dictado solo 1.400 solicitudes.
La situación de la ley actual hace que, según estimaciones de la Universidad Nacional, se necesiten hasta 100 años para devolver el total de las tierras despojadas a las víctimas.
No obstante, para Correa este precedente no implica que se vayan a producir retrasos similares a la hora de una eventual aplicación de este punto, que solo será definitivo si las partes firman un acuerdo de paz y este es refrendado por los colombianos en un plebiscito. EFE
