Víctimas y Estado pujan por valor de la reparación

En los tribunales superiores de Justicia y Paz se llevaron a cabo las audiencias de establecimiento de las afectaciones a las víctimas de la barbarie paramilitar cometida por los bloques Norte y Catatumbo de las AUC al mando de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Estas diligencias habían comenzado el  5 de mayo en  Cartagena en las que inicialmente se escuchó a las víctimas que se congregaron en el Coliseo de Combates Pedro de Heredia.

En Bogotá, les correspondió a los abogados exponer ante  las magistradas de Justicia y Paz los casos y la reparación económica y moral que se está exigiendo en cada uno de ellos, delitos que ya fueron confesados por Mancuso y por otros postulados hoy presos en cárceles de Colombia y Estados Unidos.

Sin embargo, y a pesar de las leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011, la sensación entre las víctimas y sus representantes es que el proceso transcurre lento, por las pocas sentencias dictadas y el no pago, o el pago a cuentagotas, por parte del Estado.

Según Patricia Fernández Acosta, apoderada de 28 núcleos familiares del Cesar, Magdalena y el sur de La Guajira, son más  de 5.000 los actos criminales cometidos por los bloques mencionados. Ella tiene a su cargo, entre otros, los asesinatos de un notario de Pailitas, una concejal de Codazzi  y la masacre de Media Luna en San Diego (Cesar) ocurrida en octubre de 1996, que dejó siete muertos, entre ellos el niño Carlos Uriel Cárdenas  y cinco personas desaparecidas, de las que hasta el sol de hoy no se sabe nada.

La jurista también lleva el caso de la masacre de La Aurora, en la que tendría injerencia la multinacional Drummond, en vista de que allí murieron dos ancianos que tenían  su propiedad en medio de un importante yacimiento de carbón.

Muchas  de esas víctimas directas e indirectas, aún esperan que el Estado las repare con una suma que sea apenas justa.

A pesar de que funcionarios del Ministerio Público comentan, al margen de las audiencias, que los defensores pretenden dejar sin dinero el Fondo de Reparación, estos explican que las cifras por las que se establece el daño emergente y el lucro cesante no son caprichosas, sino el resultado de un análisis juicioso, incluso soportado en el trabajo de matemáticos financieros, tal como lo exige  la Corte Suprema de Justicia, para la que la indemnización debe ser ajustada a la gravedad de los años. Así lo explica el abogado Diógenes Arrieta, apoderado de otro grupo de víctimas.
Ejemplo de lo anterior es el caso de las masacres de Mampuján y Macayepo (Bolívar), en las que a pesar de que ya se dictó sentencia, el Gobierno pretende apenas reconocer una parte de la suma tasada.

Tal como señala Fernández Acosta, la reparación, material e inmaterial, no debe hacerse efectiva solamente con los recursos del Estado sino con la pecunia de los exjefes paramilitares. “La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han señalado que a estas personas _los paramilitares_ se les deben perseguir todos sus bienes para que reparen a sus miles de víctimas”, señala la abogada.

Además, tanto Arrieta como Fernández denuncian las prácticas non sanctas de la Unidad de Reparación al pretender a hurtadillas arreglar a las víctimas con recursos ínfimos, que no corresponden a la gravedad de los daños causados y desconociendo, no solo la jurisprudencia sino los contratos de prestación de servicios que hay con los defensores.

Por otra parte, Fernández Acosta considera que el papel de las víctimas no puede ser sólo el de perdón  y olvido, mientras sus victimarios pagan penas de cárcel insignificantes en Estados Unidos y luego salen millonarios y con la posibilidad de quedarse a vivir en ese país, tal como acaba de suceder con el narcotraficante Juan Carlos el Tuso Sierra y como podría pasar con otros trece jefes paramilitares extraditados por un acuerdo que hicieran durante el gobierno  de Álvaro Uribe Vélez.

Las audiencias de verificación se reanudarán el próximo 26 de junio y la defensa espera que pronto se dicte una macrosentencia que permita despejar el limbo jurídico de los muchísimos procesos derivados de la sevicia paramilitar. “Aunque, pueda que me de den todos los millones, nada me devolverá a mi sobrino, a mis dos hijos y a mi nuera”, se lamenta Aura Esmir Suárez, una mujer de Tibú, hoy desplazada, que completa más de una década esperando la “tal reparación prometida por el Gobierno”.

La mujer ha asistido a las audiencias de esta semana tratando de entender la exposición que hace su abogado y con la esperanza de que la plata prometida, si bien no le arregle su vida desmedrada, sí le sirva para recomponer el futuro de los cuatro huérfanos, todos menores de edad, de los que tuvo que hacerse caso desde aquel día que la guerra irrumpió en su casa y acabó con la tranquilidad de la familia.