La pobreza que pulula tanto en el casco urbano como en la zona rural de este caluroso municipio contrasta con los cientos de millones de dólares que ha extraído, desde octubre de 1982, la compañía minera más grande del mundo BHP Billinton, que explota el ferroníquel en suelos de La región del San Jorge.
Dichas ventas ascienden a unos 11 mil millones de dólares y de ese monto Montelíbano recibió entre 1995 y 2011 304 mil 640 millones 109 mil 437 pesos, de acuerdo con cifras oficiales conocidas por EL HERALDO en Planeación Nacional y la nueva Agencia Nacional de Minería, que no se notan por ningún lado: 30 años después aquí hay miseria, hambre, un precario sistema de salud, un sector educativo débil y un saneamiento básico —agua potable y alcantarillado— que funciona a medias.
La gran polémica regional y nacional de hoy tiene que ver con la continuidad o no de la explotación del níquel por parte de Cerro Matoso S.A., cuya concesión se vence el 30 septiembre próximo. Ya el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, dijo que el contrato no termina este año porque la Billinton tiene la posibilidad de extenderlo hasta 2029.
“Estamos viendo en qué condiciones se hace la prórroga y sobre todo qué requisitos de inversión hay, tanto en lo empresarial como en la social. Necesitamos —admitió recientemente en Montería— llevarle más bienestar a la población en Montelíbano, por lo tanto esa negociación incluye un capítulo social, de mayor bienestar e impacto sobre la comunidad”.
Es decir, si no se corrigen los problemas de corrupción y de malos manejos administrativos, que por años han evaporado tal riqueza y han tenido muy poco castigo de parte de los entes de control estatales, los montelibanenses no verán mejorada su calidad de vida, al margen de que las comunidades en el área de influencia de la mina seguirán soportando las consecuencias de la explotación, que se reflejan en enfermedades por contaminación.
Elubin Camargo, gobernador del cabildo Torno Rojo, en Puerto Libertador, municipio vecino a Montelíbano y cercano al yacimiento que se explota, sostuvo que los 480 habitantes han sido afectados con la llamada ‘canga del níquel’, que ocasiona tos persistente en niños y adultos, además de que contamina el agua de la quebrada que los abastece.
“Tampoco recogemos con la misma intensidad los frutos que antes nos daban para vivir, como la guayaba y el limón. Los árboles no producen y ahora vivimos de comercializar bahareque”, admite el aborigen.
El representante a la Cámara por Córdoba David Barguil Assis corrobora que la compañía solicitó la prórroga y denuncia que en 1996 surgió un nuevo contrato, el 051, con dos artículos supuestamente ilegales, que le otorga licencia a la multinacional hasta el 2029 para explotar zonas nuevas en Córdoba, al momento de vencerse el gran contrato de concesión.
“Haremos toda la bulla que haya que hacer. Esto es una burla para todos los cordobeses, primero, porque las dos cláusulas, que firmó en su momento Minercol tendrían nulidad absoluta, pues esa entidad no poseía la capacidad jurídica para ello, y, segundo, entristece que el Ministro no despeje las dudas en este sentido”, argumenta Barguil.
El tema será debatido en la Comisión Quinta del Senado, con base en una proposición que hizo la senadora cordobesa Nohora García.
UN TRISTE EJEMPLO SOCIAL. A un costado del viejo casco urbano se erige otra colombianada sin precedentes, obra y gracia de la cuestionada dirigencia política regional: se trata de Villa Cleme, un amplio tugurio donde 5 mil familias que huían de la violencia construyeron sus casas con paredes de tablas y cartón y techos de plástico o zinc.
Aquí ni hay agua potable ni letrinas. Mucho menos calles pavimentadas y tampoco un colegio, por lo que cada mañana cerca de 2 mil niños caminan sobre un barro amarillento, que en invierno se vuelve pegajoso, para llegar a la Institución Educativa Belén, que funciona en otro sector. Hoy en Villa Cleme mil niños no estudian porque se quedaron por fuera del Sistema Escolar.
En medio de la riqueza del níquel, lo paradójico es que tampoco hay gas domiciliario aunque por debajo de las casuchas, donde habitan unas 25 mil personas, pasa un gasoducto que desde Caucasia surte a Cerro Matoso y al municipio de Puerto Libertador.
Alicia Madera, líder comunal, advierte que no les alcanzan los dedos de las manos para contar las necesidades. “El agua la tomamos de los pozos que cada familia debe construir en el patio. Algunos vecinos no tienen esa facilidad y entonces se abastecen gracias a la caridad de los demás”, revela la mujer.
Pese a que por encima del barrio pasan 180 mil kilovatios para encender las calderas en la mina y sus demás dependencias —Cerro Matoso es el principal consumidor de energía del país— en Villa Cleme no está legalizado el servicio de luz. Aparece como un sector subnormal en los registros de Electricaribe.
De la mano con la pobreza, enfermedades como la diarrea aguda y el dengue acorralan a la comunidad, en especial a los niños. En los dos últimos años por esta última patología han muerto cuatro personas, entre ellos tres menores.
En este polvoriento barrio las quejas no paran. Cerca de una de las gigantesca torres de energía está la casa de madera de Isabel Ruiz y Rafael Herrera, padres de cuatro niños, desplazados hace dos años por grupos ilegales armados de Puerto Nuevo, en el Alto San Jorge. Relatan que por las líneas de alta tensión la comunidad entra en shock cada vez que llueve con fuertes vientos. “Es temeroso estar aquí: por debajo vibra y por arriba está la amenaza latente de la electricidad. Mi mujer no reposa los dolores de cabeza producto del trauma”, advierte Herrera.
CORRUPCIÓN SIN CASTIGO
¿Qué se ha hecho la plata de las regalías en Montelíbano? Distante 114 kilómetros de la capital Montería, este municipio tiene hoy 79.860 habitantes, de los cuales 35.000 están en la cabecera urbana y 44.860 en la rural. Han pasado los años y si en el pueblo no han solucionado las necesidades básicas, mucho menos en sus ocho corregimientos. “Aquí ha faltado vigilancia del Gobierno Nacional, y de la Fiscalía y la Procuraduría para obligar a que la platica la invirtieran bien”, opina Luz Ospina, madre cabeza de hogar. Pese a que se evidencian malos manejos administrativos, el único escándalo de corrupción investigado ha sido el del exalcalde Édinson Rangel Aguas, enredado por la compra irregular de 25 mil kits escolares por $6 mil 500 millones. Ha sido tan irregular la administración de estos recursos que en 2008 la Dirección de Regalías suspendió los giros y la Agencia Nacional de Minería certificó que están congelados $109 mil millones.
Por Eduardo García y José Granados Fernández
Montelíbano
