Es así como el único Ministerio que hoy está en manos de la Costa es el de Comercio Exterior, una pírrica aunque digna representación por parte del samario Sergio Díaz-Granados. Por lo demás, la Región cuenta con muy pocos cargos nacionales de importancia.
De allí que en estos tiempos de escasez, como nunca, la Región debe aprovechar muy bien las oportunidades que se le conceden en cualquiera de los tres poderes y conminar a los dignatarios a que saquen adelante iniciativas que favorezcan a este marginado territorio.
No obstante, el hecho de que nuestra representatividad esté lejos de ser copiosa y equitativa no debe significar que los costeños tengamos que sentirnos orgullosos o apoyar a todo funcionario que desempeñe un cargo de nivel.
En el caso del secretario general del Senado, Emilio Otero Lajud, tras una cuestionada gestión de seis períodos y el reciente escándalo de la Reforma a la Justicia, más que sentirse honrada o propugnar por su continuidad, la Costa debe más bien avergonzarse.
Oriundo de Sahagún, Otero se fue a Bogotá de la mano de uno de los políticos de la localidad. Hoy vuela con alas propias y se dice que su poder —basado en el manejo hábil que les da a las relaciones con los congresistas— resulta descomunal, al punto de que logró ventajas personales en la funesta reforma, convirtiéndose de la noche a la mañana, y sin que lo justificara la estatura de su cargo, en un funcionario con fuero especial ante la Justicia.
Por fortuna, la reforma quedó sin piso, pero aún así el cuestionado Otero devenga una fortuna —se estima que de 360 millones de pesos al año.
Las investigaciones en su contra abundan: como asegura Noticias Uno, entre Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Consejo de Estado tiene por lo menos diez investigaciones. Otero ha sido denunciado por falsedad, fraude procesal, extralimitación de funciones, tráfico de influencias, abuso de funciones públicas, prevaricato e incumplimiento de contratos.
Según reveló El Tiempo, hace 16 años la Procuraduría le impuso una sanción por el manejo de un contrato, pero Otero logró dilatar la ejecución hasta que finalmente se dio la prescripción, consiguiendo además que el fallo pasara de la máxima sanción de destitución e inhabilidad por cinco años a una suspensión de 90 días.
Hoy más que nunca, tras la indignada movilización ciudadana que dio al traste con la reforma, los colombianos han expresado su clara determinación de que los recursos públicos se manejen con transparencia y a que los cargos de ese sector sean ocupados por ciudadanos sin tacha.
La renovación del Congreso, que se volvió más necesaria y evidente tras la catástrofe de la reforma, es una tarea dispendiosa, en la que el país decente debe pensar con insistencia, seriedad y sentido estratégico.
Pero lo de Otero no da espera. No solo no ha evidenciado hasta ahora la más mínima intención de abandonar el cargo para el cual ha demostrado ser indigno, sino que se postula orondamente a su reelección el 20 de julio. De esta última aspiración cada día se van reduciendo las posibilidades, como quiera que ya un bloque parlamentario trabaja para neutralizarlo.
Sin tener en cuenta esa vía, y como medio líder de la Región, exigimos que Emilio Otero no pase un día más como secretario del Senado. Su renuncia inmediata, más justificada que la del ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, debe darse sin contemplaciones. Es un acto de respeto hacia los colombianos y de la más elemental dignidad política.
