Durante un par de horas, los ternados para ocupar una silla en la Corte Constitucional presentaron ayer ante la plenaria del Senado sus propuestas y su mirada sobre el deber ser del oficio del juez constitucional.
El pleno de la cámara alta elegirá hoy al nuevo togado del máximo tribunal defensor de la Carta Política, golpeada este año por un escándalo de corrupción que puso a temblar su legitimidad: el magistrado cordobés Jorge Pretelt fue señalado de pedir un soborno de 500 millones de pesos a la fiduciaria Fidupetrol para favorecerla en el trámite de una acción de tutela.
Los aspirantes a reemplazar al magistrado Mauricio González Cuervo, quien sale por vencimiento de su periodo de ocho años, son Catalina Botero Marino, Magdalena Inés Correa Henao y Alejandro Linares Cantillo.
Correa, última en hablar, dijo en el recinto que ella sabía que no tenía votos: 'estoy grave en términos electorales, incluso he metido la pata tocando la puerta de Capuletos y Montescos', y agregó: 'yo represento el constitucionalismo de los imposibles: soy una académica'.
Agregó la jurista que 'es necesario que llegue a la Corte alguien pluralista e independiente'.
Y concluyó que 'uno no es mejor por ser mujer, eso es un falso supuesto: pero aunque somos más de 51 por ciento de la población, estamos subrepresentadas, sobre todo en las altas esferas'.
Correa, doctora en Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, de Madrid y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Amberes, dirige actualmente el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado. Ha sido además consultora del Ejército y magistrada auxiliar de la Corte Constitucional.
Por su parte, Botero manifestó: 'quiero ser magistrada para defender valores universales en que creo (...), y creo en una sociedad donde todas las personas sean tratadas con dignidad, y donde el poder se use para amparar a los vulnerables'.
Añadió la abogada que 'un juez constitucional debe ofrecer garantías de que sus decisiones están fundadas en el derecho y no en sus intereses' y que 'la defensa de las minorías o la oposición no suele ser recompensada por el poder, pero es la labor de un juez constitucional'.
Finalmente, afirmó que 'un buen juez construye paz, justicia y seguridad'.
Botero, con maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, fue designada este año conjuez de la Corte Constitucional, y es socia fundadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJusticia y miembro de la junta directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.
Por último, Linares, quien fue el primero en intervenir, confesó que ésta era la cuarta vez que aspiraba a ser togado de la Constitucional: 'quiero llegar a la Corte porque tengo vocación de servicio'.
Agregó que 'el juez constitucional de la actualidad debe ser un progresista que defienda los derechos fundamentales y las minorías'.
Y contó así mismo que durante su labor como director del Plan Nacional de Rehabilitación 'ejecuté en los noventas los acuerdos de reinserción de varios grupos guerrilleros'.
Linares, especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes y con maestría en Derecho de la Universidad de Harvard, ha sido vicepresidente jurídico de Ecopetrol, director ejecutivo del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia, viceministro de Agricultura, gerente del Departamento Legal y de Relaciones Externas
de IBM y abogado en los bufetes estadounidenses Sidley & Austin y Holland & Knight.
Ante las preguntas formuladas a los ternados por congresistas, académicos y ciudadanos en las redes sociales, sorprendió la respuesta de Linares sobre el 'lobby' al interior de las altas cortes: 'yo creo que el 'lobby' tiene que ser reglamentado, pero no se puede bajo ninguna circunstancia negar la posibilidad de que un magistrado de la Corte se tome un tinto con un ministro que tiene un tema importante en ese Tribunal, o que se reúna con un senador'.
Botero, por su parte, propuso llevar un registro público de todos los que hablen con los magistrados y Correa dijo que el cabildeo, como el que se dio en el caso Fidupetrol, es inadmisible.
La importancia de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional radica en que jugará un papel crucial en la recomposición del alto tribunal que deberá avalar lo que apruebe el Congreso en materia de reformas constitucionales en torno al proceso de paz con las Farc.
Actualmente, la Corte está dividida por dos bloques políticos: el conservador está integrado por Luis Guillermo Guerrero, Martha Sáchica, el barranquillero Gabriel Mendoza y Pretelt. Y el liberal por Luis Ernesto Vargas, María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio, Gloria Stella Ortiz y el saliente González, quien casi que militaba en ambos bandos y provenía del uribismo.
La nueva terna, al ser elegida por concurso público, aunque por designación del presidente, se cree, ofrece alguna garantía de la independencia de los aspirantes.
