El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, se ofreció como garante del pueblo yukpa para que se respeten sus derechos en el marco de eventuales zonas de ubicación para la desmovilización de las Farc en sus territorios. Dijo que la consulta previa debe hacerse cuando cualquier decisión administrativa afecte áreas ancestrales.
El jefe del Ministerio Público se reunió en el municipio de La Paz con los cabildos gobernadores de los resguardos yukpas de la serranía del Perijá, miembros de esta comunidad indígena, el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle y los alcaldes de La Jagua de Ibirico, Codazzi y Becerril.
En el encuentro escucharon la preocupación que asalta a esta etnia ante el anuncio de una zona de concentración en sus territorios. La comunidad pide que antes de que se establezca se realice una consulta al pueblo indígena que ha sido golpeado por la violencia.
Es indispensable
Ordóñez recordó que antes de que el Congreso le diera facultades al Gobierno para establecer estas zonas; la Procuraduría advirtió sobre las garantías que el derecho internacional reconoce a las comunidades indígenas y afrodescendientes. 'Es indispensable cumplir con la consulta previa en todos aquellos acuerdos con las Farc que tengan impacto o afecten esas poblaciones', dijo.
Para el Ministerio Público se trata de un mecanismo obligatorio respecto de las zonas del territorio nacional donde se vaya a llevar a cabo la concentración, desmovilización o reincorporación de las Farc, si esa localización pueda tener un impacto en esas poblaciones.
Para Ordóñez, la omisión de la consulta previa puede causar responsabilidad internacional al Estado y ser factor de conflictos sociales y violentos, las comunidades que se protejan con este mecanismo no pueden someterse, ni someter sus territorios a los acuerdos que convengan las Farc y el Gobierno en La Habana.
En este sentido, se comprometió a reiterarle al Presidente de la República y al ministro de Interior que respeten esas limitaciones que tiene el Estado, para que acuda a la consulta previa. También anunció que hará un acompañamiento y que acudirá a las autoridades judiciales e internacionales para hacer cumplir la Ley en aras que se respeten las zonas ancestrales.
Violación del territorio
Esneda Saavedra, cabildo gobernadora del resguardo Sokorpa, señaló que tras el anuncio del Gobierno de una zona de concentración de las Farc en la serranía del Perijá, jurisdicción del municipio de La Paz, han empezado a tener presencia en el área de personas extrañas.
'Pedimos que nuestras tierras no sean zonas de reserva campesina, ni centros de concentración de las Farc porque es una violación al territorio porquelo han hecho sin consulta previa de nuestras autoridades indígenas y esto lo que nos va a traer es más violencia, siempre hemos dicho como autoridad que por nada del mundo vamos a permitir que esas guerras vuelvan. Fue mucho el dolor y sufrimiento que vivimos en los resguardos, estuvimos invadidos por todos los grupos armados, se vivieron secuestros, combates, en medio de esta guerra', indicó.
Temor entre indígenas
Esneda precisó que 'hay temor en la comunidad por varias razones: Primero, porque ahí lo que va a haber es confinamiento, restricción de entrada y salida de nosotros, no podemos transitar libremente a los resguardos, ni ir a la pesca, a la caza o a los cultivos, ya no hay tranquilidad, porque son hombres armados que siempre trajeron la guerra a nuestro territorio'.
Aunque de acuerdo con los anuncios de lo que sería la zona de concentración de las Farc en el Cesar, se afectarían más por su cercanía tres resguardos, la preocupación es en general por la suerte de los 12.000 indígenas yukpas que habitan la serranía del Perijá, de Curumaní hasta los límites con Venezuela.
