La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha dio un plazo de 48 horas al Presidente de la República Juan Manuel Santos, para trazar o continuar un plan de acción urgente que garantice el bienestar integral de los niños wayuu para evitar que sigan muriendo por causas relacionadas con la desnutrición.
La noticia coincidió con el reporte de la muerte de un menor de dos años en zona rural de Manaure, lo que eleva a 29 el número de víctimas en lo que va corrido del año.
La decisión del Tribunal, con número de radicación 44001-22-14-002-2016-403-00 del 31 de mayo pasado, se dio en respuesta a una tutela impetrada por el ciudadano Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán, quien actuó en nombre de los niños y niñas wayuu y en contra del Estado colombiano, representado por el Presidente Santos. El fallo también compromete los ministerios de Salud y protección Social, Vivienda Ciudad y territorio, Ambiente y Desarrollo sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural; la directora del departamento Administrativo de la Prosperidad Social, directora del ICBF, superintendente nacional de Salud, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, al departamento de la Guajira y los municipios de Manaure, Maicao, Uribia y Riohacha, Consejería para la Primera Infancia, ministerio de Educación Nacional, Dane, Secretarías de Salud y Educación del departamento de La Guajira y los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha.
INMEDIATA
El accionante pidió que el Estado garantice la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante de los derechos fundamentales vulnerados ordenando a los accionados que desarrollen acciones de emergencia urgentes y prioritarias de protección de los niños wayuu que se encuentran en grave riesgo de morir por desnutrición y cumplan de manera inmediata las medidas cautelares impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta tutela fue impetrada cuando apenas habían fallecido en La Guajira seis niños como consecuencia de la desnutrición y enfermedades asociadas en 2.016. Ayer falleció otro niño en jurisdicción de Manaure y con ese se completaron 29 los infantes muertos en la el departamento por causas relacionadas con la desnutrición.
En la tutela de la que fue ponente la magistrada María Manuela Bermúdez Carvajalino y firmada por ella y el magistrado Carlos Villamizar Suárez, se observan algunos alegatos muy peculiares por parte de los defensores de las agencias del Estado, incluso, quien defendió al Presidente de la República alegó falta de legitimidad del accionante 'dado que actúa en nombre de los niños wayuu sin acreditar el poder de sus padres o de los representantes de la comunidad, así mismo no acredita que los mismos se encuentren en imposibilidad de atender la defensa de los menores' y pidió fuera declarada improcedente.
Los abogados de la mayor parte de las entidades del Estado que fueron llamados por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Guajira no desconocieron la situación de los niños wayuu, pero su defensa se basó principalmente en que el accionante no tenía la legitimidad para hacer el reclamo.}
Después de todas las consideraciones, los magistrados dieron el plazo de las 48 horas para que el Presidente y las demás instancias administrativas citadas arriba, 'inicien o continúen con un plan de acción cuya elaboración, presupuesto y contratación deberá hacerse de manera articulada y coordinada en el plano interinstitucional, nacional y regional, de manera que participen todas las entidades accionadas y las demás que tengan incidencia en la crisis de los derechos fundamentales, de los niños y niñas wayuu'.
La tutela ordena adoptar las medidas necesarias para que los niños wayuu tengan alimentos con calidad y cantidad suficiente para atender sus necesidades.
El fallo ordena bajo la coordinación de la Presidencia de la República, la creación o mejoramiento de un sistema de información interinstitucional e intersectorial que permita a todas las entidades y los integrantes del SGSSS, alimentar y conocer una base de datos, donde conste cuántos y cuáles son los menores pertenecientes a estas comunidades y su situación individual frente a los riesgos de la desnutrición.
LAS MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH
Los líderes de la comunidad wayuu venían trabajando sobre esta y otras tutelas debido a que han manifestado que las medidas cautelares que fueron pedidas por la CIDH para la población no estaban siendo cumplidas.
Esas medidas cautelares fueron pedidas en el mes de diciembre y contemplaban
Que el Estado colombiano adoptara las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los menores wayuu de dichas poblaciones y las socializara con los beneficiarios y sus representantes.
Fueron tres puntos principales los que la CIDH pidió al gobierno colombiano. En primer lugar asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud en las comunidades wayuu, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil y enfermedades prevenibles o evitables. También tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia de los menores y finalmente tomar medidas inmediatas para que niños, niñas y adolescentes puedan tener alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias con pertinencia cultural, así como de establecer los mecanismos idóneos para la identificación de casos de desnutrición para una intervención inmediata.
El plazo que el organismo internacional dio para adoptar estas medidas fue de 15 días, luego de lo cual el gobierno debía informar periódicamente sobre lo que llevaba a cabo.
El Estado solicitó revocar estas medidas en un documento entregado el 30 de diciembre a la CIDH, el cual se conoció en el marco de la reunión que sostuvieron el 12 de febrero, los peticionarios el líder wayuu Javier Rojas y la abogada Carolina Sáchica con representantes del gobierno para concertar estas medidas.
En este documento el Gobierno Nacional afirma que han actuado con diligencia para coordinar las acciones en pro de La Guajira y no solamente con relación al tema del agua y la alimentación.
Los peticionarios por su parte han manifestado que estas medidas no se han adoptado, por cuanto los niños wayuu siguen muriendo por desnutrición.
Desde que se evidenció la crisis, esta es la primera tutela que los magistrados de La Guajira fallan con eventual compromiso para el Presidente de la República, sus secretarios y directores de organismos y en favor de la comunidad guajira que cada día es más vulnerable.
