El domingo anterior se cumplió justo un año que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó una trascendental decisión frente al tema de desprotección en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu en el departamento de La Guajira, básicamente por el riesgo en el que se encuentra esta población de menores de edad ante la falta de acceso a agua potable y el estado de desnutrición, entre otros factores.

Ese 11 de diciembre de 2015, la CIDH solicitó al Estado colombiano la adopción de medidas cautelares a favor de este grupo poblacional en los municipios guajiros de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, en los que se tenía como nefasto antecedente la muerte de 4.770 niños y niñas durante los últimos ocho años. No debe olvidarse que esa gestión ante la CIDH, realizada por la comunidad civil y organizaciones sociales, tuvo como principal motivación el convencimiento que desde la institucionalidad interna del Estado colombiano, no habría capacidad para encontrar soluciones a la grave problemática que enfrenta esta población.

Un año después la realidad no muestra un cambio significativo en los decesos de estos niños en La Guajira, pues ayer lunes se conoció la muerte de 5 niños más en ese departamento por desnutrición crónica o por causas relacionadas con ese tipo de desnutrición, que aumenta a 81 las víctimas que han fallecido en este año 2016, arrojando un promedio de casi 7 niños muertos por esta causa cada mes del presente año, pudiéndose aumentar dicho promedio toda vez que todavía falta más de la mitad del mes de diciembre.

Si bien se esperaba que con las medidas cautelares decretadas por la CIDH mejorarían las cosas para estos niños indígenas de La Guajira, las cifras muestran exactamente lo contrario: mientras en el 2015 se reportaron 37 muertes de niños y niñas en ese departamento por problemas relacionados con desnutrición crónica, en este 2016 se ha duplicado la cifra con esas 81 muertes que se registran de manera oficial hasta este momento.

Como lo describí alguna vez, este contador de la muerte de los niños en La Guajira parece un tictac de reloj, es constante y no se cansa. Lo peor, es que todas estas son muertes evitables, es decir que no debieran haber ocurrido, pues con el conocimiento médico y la tecnología existentes pudieran haberse prevenido; lo lamentable es que los que mueren son niños, justamente un grupo poblacional constitucional y legalmente protegido en este país; lo tristemente paradójico es que hoy mueren más niños en La Guajira por causas relacionadas con la desnutrición crónica que cuando no habían sido decretadas las medidas cautelares por parte de la CIDH al Estado colombiano, precisamente para mejorarles sus condiciones de vida.

Mientras los jinetes del Apocalipsis del hambre y de la muerte siguen galopando las tierras de nuestra querida península, mientras el Estado siga sin garantizarle la protección a la población infantil indígena en ese territorio, mientras no se atiendan y cumplan de la debida forma las medidas cautelares ordenadas por esa razón por parte de la CIDH, seguirá activo, constante y sonante, el tictac del macabro contador de las muertes evitables en La Guajira y en Colombia.

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