Desde su aprobación, la Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, ha sido objeto de intensa polémica, entre quienes consideran que ha sido un instrumento eficaz para lograr la desmovilización del paramilitarismo y quienes opinan que, en la práctica, ha consagrado la impunidad para los autores de algunas de las masacres más terribles de la historia reciente de Colombia.
El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, irrumpió ayer en este viejo debate con unas durísimas declaraciones en las que cuestionó la eficacia de la ley. El ministro hizo las declaraciones al trascender que el próximo 11 de marzo, es decir, dentro de un mes, saldrá en libertad Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, un jefe paramilitar acusado, que desarrolló sus acciones criminales en la Región Caribe y, muy particularmente, en el Atlántico.
Don Antonio, acusado de 313 delitos, entre ellos 170 casos de homicidio con 1.700 víctimas, quedará en libertad tras pasar apenas ocho años en prisión –máxima pena que establece la Ley de Justicia y Paz– y sin haber sido condenado por varios crímenes, ya que el tiempo se agotó sin que los jueces hayan dictado sentencia.
Don Antonio es el primer líder paramilitar acogido al proceso de desmovilización que saldrá en libertad, dentro de una lista de más de 300 ‘paras’ que también quedarán a paz y salvo con la Justicia en los próximos meses tras acogerse a los beneficios de la ley, aprobada durante el mandato del presidente Uribe.
Las críticas del ministro de Justicia se centran en que el marco jurídico establecido por la Ley 975, que en teoría iba a garantizar “verdad, justicia y reparación”, solo ha permitido conocer “verdades a medias” y no ha asegurado el resarcimiento a las víctimas por parte de sus verdugos. Según el ministro, las confesiones de los paramilitares apenas sirvieron para “identificar muchas fosas comunes” y para que se supieran “algunas cosas”; pero, desde su punto de vista, la Ley 975 ha estado lejos de cumplir los objetivos para los que fue aprobada.
En realidad, estas críticas ya se habían suscitado desde el mismo momento en que se aprobó la ley. En la mente de muchos resonarán las palabras del portavoz de la ONU Michael Führling, quien opinó que el proceso de Justicia y Paz no reunía los elementos jurídicos suficientes para garantizar los derechos de las víctimas.
Seguramente muchos colombianos bienintencionados respaldaron en su día la ley, por considerar que podía ser una fórmula práctica para poner fin a la violencia paramilitar. Sin embargo, las palabras del ministro de Justicia reabren la polémica sobre la consistencia de aquella legislación. Esas declaraciones no pueden caer en el vacío. El Gobierno del que forma parte el señor Gómez Méndez está en el deber de explicar para qué ha servido Justicia y Paz, ahora que empezarán a quedar en libertad paramilitares con miles de crímenes a las espaldas, tras ocho, o incluso menos, años en prisión.
