El Congreso tiene plazo hasta el 20 de junio para aprobar la ley ordinaria que le dará vida real a la nueva justicia rural, sin sacrificar garantías ciudadanas.
En sus 213 años, Barranquilla celebra el espíritu que define la identidad de su gente, forjada en una mezcla de perrenque y bacanería que la proyecta al mundo.
No se trata de una sucesión institucional ordinaria, sino de un vacío provocado por una intervención extranjera cuya legalidad ha sido ampliamente cuestionada.
El retiro de Ávila y la fractura institucional con el Emisor amenazan la autonomía de la junta, abren un riesgo de parálisis y debilitan la confianza económica.