En una intervención durante el III Encuentro Nacional de Comisarías de Familias, que se celebró en Barranquilla en pasados días, un alto funcionario del Ministerio de Justicia afirmó que solo el 5% de los homicidios que se cometen en el país desembocan en sentencias condenatorias. Dicho en otras palabras, el 95% de esos crímenes se mantienen, o han acabado, en la impunidad.
Este reconocimiento expreso de los altos niveles de impunidad en Colombia ‘raja’ ante la opinión pública tanto a la justicia como al Estado en general. Dicha manifestación coincide con un reciente estudio de la Unión Europea, citado por la Corporación Excelencia en la Justicia, que concluye que en Colombia la impunidad se aproxima al 97%.
Todo lo anterior no hace más que dejar en el ciudadano común y corriente una sensación de desprotección e impotencia ante tantos casos investigados que no terminan en sentencia condenatoria, sobre todo en momentos de alta inseguridad y delincuencia en la mayoría de las ciudades del país.
En el mencionado encuentro de comisarías salió a la luz pública cómo muchas de las muertes por homicidio se producen en el seno familiar, resultando sus principales víctimas mujeres, menores de edad y adultos mayores. Esto refuerza la preocupante realidad de que, en Colombia, el único condenado suele ser la víctima, pues en la práctica totalidad de los casos el homicida escapa a cualquier tipo de castigo o penalización que le puedan imponer los estamentos judiciales.
Como expresa el último informe para el Examen Periódico Universal de la ONU de los derechos humanos en Colombia, publicado en mayo del 2013, la inacción de las autoridades a la hora de poner a disposición de la justicia a los responsables de los delitos transmite a sus autores el mensaje contundente de que pueden seguir matando, sin miedo a tener que rendir cuentas ante la justicia.
El trabajo de las fuerzas policiales para capturar a los presuntos criminales es reconocido por la sociedad, pero está por ver si es todo lo eficiente que debería, a juzgar por el ínfimo número de sentencias judiciales condenatorias. Ahora bien, habría que analizar si, más que en la labor policial, el problema tiene su principal causa en otras instituciones concernidas. En la Fiscalía, la escasez de investigadores (5.000 a nivel nacional) y la abundancia de denuncias (superan el millón por año) han hecho surgir la propuesta de la priorización de delitos en ‘menores’ y ‘mayores’, con el fin de descongestionar sus despachos y garantizar que los procesos que lleguen a los 1.800 jueces penales solo sean de relevancia judicial (homicidios, desfalcos, robos de elevado monto, etc.).
Lo que llama la atención es que el desbordamiento del sistema judicial –con montañas de casos represados, y el hacinamiento carcelario, con multitud de presos acusados de homicidios– corrobora la incapacidad del Estado para manejar la desproporcionada crisis de justicia existente en el país.
Es urgente la adopción de medidas para que los entes encargados de investigar e impartir justicia aumenten drásticamente su eficacia, pues su forma actual de actuar, caracterizada por la lentitud, la desidia y, en ciertos casos, la corrupción, no puede conducir a otra cosa que a la impunidad. O a que solo se resuelvan los casos cuando existe la presión de los medios de comunicación o cuando están relacionados con intereses de entidades y personas con alto poder económico, político o social.
