Hace algún tiempo, el anterior gobernador del Atlántico José Antonio Segebre concibió una idea muy interesante: crear una sucursal de la Universidad del Atlántico en el sur del Departamento. El objetivo era que muchos estudiantes de la zona (de Bolívar y Magdalena, inclusive) pudiesen acceder con más facilidad a sus estudios sin tener que desplazarse cada día a Barranquilla, con los inconvenientes económicos y de tiempo que ese trajín implica.
Aquella idea se convirtió en un proyecto y, con el paso del tiempo, en la construcción de unas instalaciones en Suan, municipio del sur del Atlántico y especie de epicentro geográfico de la región. Además, la Gobernación mandó construir una embarcación, con una inversión de $500 millones, para prestar el servicio de transporte a los estudiantes que viven en las riberas del Magdalena.
La iniciativa, como señalábamos al comienzo de esta nota, es interesante, no solo por las facilidades que puede dar a los jóvenes que se inscriban en el centro académico, sino por el concepto mismo de la descentralización institucional inherente a la misma. La atomización geográfica de las universidades es una práctica común en los países avanzados, y tiene el efecto positivo de acercar la educación a la sociedad.
El problema con la Universidad del Sur es que no termina de arrancar, pese a haber sido inaugurada oficialmente en diciembre pasado con la presencia del vicepresidente Vargas Lleras y varios ministros, con una inversión de $18.000 millones en sus instalaciones.
¿Puede decirse que estamos ante un ‘elefante blanco’, como sostuvieron algunos estudiantes en el reportaje que publicamos ayer en este diario?
Quizá sea aún prematuro, aunque las alarmas ya están encendidas. De momento, la sede universitaria está albergando cursos de la Esap y del Sena, en los que participan unos 230 estudiantes. Sin embargo, el fin para el que fue concebida –convertirse en un centro universitario adscrito a la Udea, con varias facultades y capacidad para muchos más estudiantes al año– sigue sin concretarse.
Un estudio de la Universidad, focalizado en el periodo 2016-2019, señala que para poner en marcha el proyecto se requieren inversiones que aumenten gradualmente en cada vigencia, a partir de $1.400 millones y finalizando en $2.400 millones. No son sumas exorbitantes, sobre todo para el objetivo que se pretende, que es el de formar a los jóvenes de la región.
El actual gobernador, Eduardo Verano, haría bien en dar un renovado impulso a este importante proyecto. Para ello deberá, por supuesto, presionar al Ministerio de Educación para que asuma su cuota de responsabilidad en el asunto con más energía de la exhibida hasta ahora.
