Las noticias acerca de los problemas de la alimentación escolar en colegios de la Costa llegaron de golpe a las primeras páginas de los periódicos, y su difusión terminó generando cambios en la contratación, así como una preocupación natural entre autoridades y entes de control alrededor del funcionamiento de este programa.
Meses atrás, la ministra de Educación, Gina Parody, denunció que habían ocurrido irregularidades con contratistas que entregaban raciones incompletas de alimentos o que compraban insumos a menor precio, sacrificando la calidad de los mismos, entre otras situaciones anómalas. Al mismo tiempo, prometió castigo a mafias y carteles que acaparaban la contratación mediante ardides tales como cambios de la razón social.
No deja de llamar la atención que, como lo afirmaron recientemente varios gobernadores costeños, fue el mismo Ministerio de Educación (MEN) el que tenía a cargo la contratación y gestión del PAE –Programa de Alimentación Escolar– cuando se presentaron los casos en mención. Además, muchos de los operadores cuestionados, que fueron contratados por los entes territoriales, habían sido antes contratistas del MEN.
Cabría preguntarse si se ejercieron los controles necesarios para evitar que redes de contratistas terminaran manejando a su antojo el negocio. Es obligación de esta cartera, así como de los órganos de control, investigar y determinar las responsabilidades de lo ocurrido. Desentrañar cuál fue el verdadero alcance de estas mafias y si hubo negligencia de funcionarios del Gobierno nacional.
Ahora, cuando el programa ha pasado a manos de los entes territoriales, la situación no se les presenta fácil a los mandatarios locales, que deben buscar contratistas idóneos y maniobrar para mantener el suministro de los alimentos a miles de estudiantes, sin que los vericuetos contractuales obstaculicen los procesos.
En medio de todo, la ministra Parody radicó ayer en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca “garantizar la transparencia y bloquear a las mafias” de contratistas, así como la creación de una Agencia Nacional para la Alimentación Escolar (ANA). Los esfuerzos que conduzcan a que la niñez colombiana reciba la alimentación adecuada para su desarrollo nunca estarán de más, pero en estos casos conviene que se surtan los debates de cara a la opinión pública sobre su contenido, y que se hagan los ajustes a que haya lugar.
Mientras tanto, los gobernadores critican que no hay recursos suficientes para llevar los alimentos a toda la población que lo requiere. Sumado a eso, todavía hay serios problemas de logística: decenas de colegios no tienen ni cocina ni comedor, lo que los enfrenta diariamente a problemas como no contar con lugares para guardar los alimentos.
Esta situación merece toda la atención tanto del Gobierno nacional como de los mandatarios locales. Lo que está en juego es el crecimiento y la formación de las nuevas generaciones de colombianos.
