Ha transcurrido un año del controvertido fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que concedió a Nicaragua una extensa porción de mar al este del paralelo 82, a la vez que confirmó la soberanía colombiana sobre tres islas y siete cayos del archipiélago de San Andrés.
Los colombianos aún se preguntan qué puede sacarse en limpio de esta sentencia desfavorable a Colombia, ya que significa nada menos que la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados (desde el punto de vista de los nicaragüenses serían 90.000) de un mar colmado de riquezas coralíferas, de peces de numerosas especies y de bancos de langostas, a lo cual hay que sumar un enorme potencial de hidrocarburos en el subsuelo.
Hay que recordar que este litigio entre los dos países es un capítulo más de esta confrontación de vieja data cuyo inicio se remonta al año 1913, cuando Nicaragua reclamó la propiedad sobre el archipiélago y sus áreas marítimas. Ese pleito se resolvió con la firma del tratado Bárcenas-Esguerra, en 1928. No obstante, en 2001, el país centroamericano volvió a elevar un reclamo a la CIJ pidiendo tal territorio, pero el organismo internacional, en 2007, reconoció de nuevo la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, confirmando la vigencia del tratado.
Después de producirse un inicial reconocimiento de que hubo un visible descuido y una reacción tardía para asumir con estrategias más contundentes este problema por parte de anteriores gobiernos colombianos, existe en ciertos sectores la preocupación de que, pese a la optimista “estrategia de cuatro pasos” diseñada por el equipo de expertos en relaciones exteriores designado por el presidente Santos, el litigio pueda tomar un rumbo más agresivo, en especial por la intransigente posición del mandatario nicaragüense Daniel Ortega, que se muestra empeñado en hacer cumplir la sentencia al pie de la letra.
De igual manera se tiene conciencia de que, desde que la CIJ emitió hace un año el fallo, los gobiernos de ambos países, en diversos escenarios, han manifestado profundas diferencias en la interpretación sobre el alcance de la decisión.
El gobierno del presidente Santos ha asumido la posición de no aceptación y no aplicabilidad del fallo de La Haya hasta tanto se celebre un nuevo tratado que proteja los derechos de los colombianos y se tenga en cuenta la Constitución nacional.
A su vez, la estrategia colombiana incluye la consolidación del archipiélago a través de la declaración de una Zona Contigua Integral, avanzar en la protección ambiental y social de la Reserva Seaflower y aplacar el “ánimo expansionista de Nicaragua”, para lo cual se ha unido con otros gobiernos, en especial los de Panamá y Costa Rica. A esto se agrega el haber presentado ante la Corte Constitucional una demanda contra el Pacto de Bogotá.
Aunque tenga sentido la posición de Colombia, fundada en el principio de que los límites y fronteras no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte de La Haya, sino por tratados aprobados por el Congreso de la República y ratificados por el presidente de la República, el Ejecutivo es consciente de que sería un precedente negativo para la imagen internacional del país no acatar los fallos de tan alto tribunal.
En medio de este conflicto, la población más afectada es la raizal que habita las islas y cayos del archipiélago, la cual, a pesar de los esfuerzos inversores desarrollados por el Gobierno central, mantiene la percepción de haber sido abandonada durante décadas por las instituciones colombianas. A ellos se suma ahora la incertidumbre acerca de si se podrá recuperar el extenso territorio marítimo y si, encima, se corre el riesgo de que pierda aún más por las demandas que está interponiendo Nicaragua ante la Corte de La Haya.
