'No se considerarán patrimonio cultural sumergido:1. Las cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas. 2. Los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes.', Artículo 3 de la Ley 1675 de 2013.
Este fragmento de la ley, que reglamenta el Patrimonio sumergido en Colombia, y que no se ha difundido apropiadamente, ha ‘agitado las aguas’ en torno al naufragio del Galeón San José, sumergido en las costas de Cartagena de Indias. La reglamentación nacional encendió las alarmas de la comunidad científica internacional que solicitó al presidente Juan Manuel Santos, a través de una carta abierta, que en el caso del galeón primara el valor arqueológico e histórico del yacimiento y no los intereses comerciales.
'Se ha especulado con la posibilidad de que, según permite una reciente legislación colombiana, los objetos que han permanecido 307 años bajo el lecho marino en aguas de Colombia, cerca de Cartagena de Indias, acaben siendo objeto de una comercialización masiva', expresa la carta titulada El galeón San José, objeto de ciencia, no de comercio, publicada el jueves en el blog El Espejo de Navegantes, del diario español ABC.
¿Qué dice la polémica ley?
Para los científicos, académicos y expertos en patrimonio sumergido el artículo 3 es clave porque allí se define qué es lo que el gobierno colombiano considera Patrimonio Cultural.
Juan Guillermo Martin, doctor en arqueología y especialista en patrimonio cultura sumergido, uno de los académicos que firmó la carta, señala que la legislación vigente desde 2013 hace precisiones del la Ley 397 del 1997 que ya protegía el Patrimonio Cultural Sumergido.
'No había necesidad de esta ley que busca dejar por fuera de la designación de patrimonio cultural a monedas, lingotes de oro y piedras preciosas en bruto', afirma Martin.
El cargamento de un barco responde a una situación histórica y económica concreta. Para la comunidad científica el barco es la prueba. Por ello José Manuel Espinosa, doctor en Historia e investigador de la Universidad del Norte afirma que la protección del barco y su carga es necesaria porque es evidencia del momento histórico en el que los ingleses intentaban apropiarse de las rutas comerciales españolas.
'Una moneda española del siglo XVII es igual de patrimonio que una nariguera o un collar prehispánico. Es como si en el museo del oro en Bogotá la gente, en lugar de arte y la herencia de culturas ancestrales, solo viera dinero', explica el historiador.
Los peligros de la comercialización de la carga, que advierten los investigadores, están fundamentados en el apartado de la legislación que habla de los contratos y las autorizaciones, que en el artículo 15, de la ley aprobada por el congreso, determina lo siguiente:
'En los hallazgos que estén constituidos por bienes y materiales que no hagan parte del patrimonio cultural de la Nación definidos en el artículo 3° de la presente ley, se remunerará al contratista hasta con el 50% del valor de los bienes que no constituyen patrimonio cultural de la Nación. En este caso el Ministerio de Cultura podrá optar por pagar esta remuneración hasta con el 50% de las especies rescatadas que no constituyan patrimonio cultural de la Nación o con su valor en dinero'.
Sobre este punto, el arqueólogo subacuático Xavier Nieto Prieto, de la Universidad de Cádiz, España, quien también firmó la misiva de científicos afirma que esta ley está inspirada por las empresas de ‘cazatesoros’ que buscan el rendimiento económico de una inversión. El científico explica que, en el caso del San José y en otros similares, el costo económico de la exploración, inasumible por un Estado, es un argumento utilizado para convencer a los estados de que sólo estas empresas privadas pueden hacerlo.
'Este es un argumento ofensivo para un Estado democrático y moderno y con una economía normal. Si una empresa privada puede hacerlo, también puede hacerlo un estado. Basta que haya una decisión política y si es necesario debe buscarse la colaboración de otros estados', afirma el Prieto.
Décadas en disputa. El investigador barranquillero Alberto Martínez afirma que desde 1966 un instructor de la Armada en Cartagena reportó el hallazgo del entonces legendario San José. 'Desde entonces se tiene conocimiento de este galeón con la ‘panza dorada’, pero no se tenía certeza de donde estaba', relata Martínez y agrega que la gran travesía por el San José empezó en el año 1983, cuando el entonces presidente Belisario Betancur se interesó por extraer el barco, en ese momento ya se tenía conocimiento de las coordenadas de la firma Glocca Morra.
'He contado 15 gobiernos y por lo menos 20 compañías internacionales, de Estados Unidos y Europa, que han estado interesadas en sacar el tesoro', expresa Martínez.
Los expertos consultados, los demás nombres que firmaron la carta abierta al presidente Santos y los pronunciamientos de entidades a favor del patrimonio como la Unesco coinciden en que la sociedad, para gozar y entender la importancia y el significado del yacimiento arqueológico, debe poder conocerlo en su integridad y para este fin son tan importantes los materiales en bruto como los elaborados que permanecen, hasta ahora protegidos en el vientre del mar Caribe.
Santos rechaza declaraciones de Sea Search Armada sobre coordenadas del Galeón
El presidente Juan Manuel Santos rechazó, en una locución pública que realizó ayer, las declaraciones que la empresa estadounidense Sea Search Armada ha expresado en medios de comunicación, como EL HERALDO y CNN, en torno al hallazgo del Galeón San José.
'Acusaciones de Sea Search Armada contra Colombia no tienen fundamento: sus coordenadas no corresponden a las de hallazgo del Galeón San José', dijo el mandatario, quien el pasado 4 de diciembre anunció el hallazgo de la ubicación exacta de embarcación colonial.
'En nombre de mis compatriotas tengo que rechazar en forma clara y enfática las acusaciones que a través de la CNN y otros medios viene haciendo la Sea Search Armada en torno al hallazgo del Galeón San José contra el pueblo colombiano, son expresiones muy desobligantes en torno al hallazgo del San José. La empresa Glocca Morra denunció en 1982 unas anomalía de sonar, cuyos derechos adquirió posteriormente la Sea Search Armada en un punto que no corresponde en modo alguno con aquel en que el Estado colombiano las evidencias arqueológicas del Galeón San José', expresó Santos y dijo que de acuerdo con la ley colombiana, las coordenadas denunciadas y donde se encontró el hallazgo, se mantienen bajo reserva. 'Al igual que las coordenadas que en 1982 fueron declaradas por la empresa Glocca Morra y que hace parte de este informe confidencial'.
El presidente sostuvo que el Estado colombiano siempre ha sido protector y garante de los derechos de todo el mundo, empresas colombianas y empresas extranjeras. Y quiere hacer énfasis en que vamos a garantizar los derechos de esta empresa, la Sea Search Armada, en los términos que estableció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que dice textualmente y cito: 'Tendrán derecho sobre los bienes que se encuentren en la coordenada señalada. Eso dice el fallo'.
El abogado Danilo Devis Pereira en declaraciones al editor de El HERALDO, Iván Bernal Marín, dijo que envió una carta al presidente Santos en la que le plantea una prueba definitiva: permitirle llegar al sitio donde el Gobierno anunció el 5 de noviembre que fue localizado el Galeón San José.
Devis sostuvo que si no son las coordenadas de 1982, Sea Search se 'compromete a renunciar' a la pugna por el tesoro, valorado en unos USD10.000 millones, y 'desistir' del embargo que mantiene sobre el legendario naufragio.
