Luego de tres horas de desarrollo, el gobernador Luis Cotes Habeych, suspendió hasta el martes próximo, la audiencia pública en la que se debate la caducidad del contrato suscrito entre el Magdalena y la empresa Aposmar, para el manejo del juego de las apuestas permanentes en el Departamento
La interrupción se dio luego que la defensa de Aposmar, en manos de la Sociedad de Activos Especiales del Estado – SAE– (por extinción de dominio de las propiedades de Enilse López alias La Gata), pidió a la Gobernación las pruebas que le hubieren permitido valorar cada uno de los hechos que pudieren llegar a ser causal de caducidad.
Según el abogado Andrés Botero, apoderado de SAE, la resolución que expidió Cotes Habeych (1872 del 16 de diciembre de 2014), que dio curso al proceso para terminar el contrato, 'carece de cargos concretos y se basa en hechos de un proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía'.
'Si esa es la razón de este inicio de actuación, lo mínimo que podemos exigir es que nos den una valoración del material probatorio por el que ese proceso de extinción de dominio pueda impactar en la ejecución del contrato de concesión', anotó.
Añadió que en lo que respecta a la ejecución propia del contrato suscrito en 2012, no hay causales que se refieran a incumplimiento del mismo puesto que no han fallado en cláusula alguna, como es el caso de los aportes para la salud, la cancelación de nómina y el pago de los premios.
El gobernador Luis Miguel Cotes ratificó que no hay incumplimiento del proceso contractual y aclaró que la audiencia 'no es por el desarrollo del contrato, sino por el proceso penal de los socios o dueños de la empresa'.
'Siempre hemos sido enfáticos en que el contrato se ha ejecutado de la forma como se estableció en los pliegos de condiciones al momento de la adjudicación', manifestó el mandatario del Magdalena.
La representante de la aseguradora del Estado, Claudia Ordóñez, hizo saber que existe un principio indemnizatorio que hará exigible para el resarcimiento de algún daño patrimonial causado al asegurado, en este caso la Gobernación del Magdalena.
En ese sentido, explicó que 'en amparo del cumplimiento contractual, la póliza cubriría los perjuicios causados al asegurado'.
Sin embargo, anotó 'para la compañía de seguros no existe en este momento ningún material probatorio que indique incumplimiento alguno'.
Esta audiencia será reanudada a las 9 de la mañana del martes 27 de enero en la Sala de Juntas del Palacio Tayrona. Cotes dijo que con su equipo jurídico ordena las pruebas solicitadas por Aposmar.
