A pesar de las migraciones, el desplazamiento forzado, la industrialización de la agricultura y las actividades extractivas como la minería y la pesca a gran escala, el país es mucho más rural de lo que se cree. Cerca del 32% de los colombianos habita en el campo. Así lo revela una investigación de la Universidad del Rosario, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y de la Universidad del Cauca, que financió Colciencias y que contó con el apoyo del Instituto Mayor Campesino de Buga.
El estudio encontró que el aumento de las superficies destinadas a la ganadería extensiva y a los monocultivos redujo el empleo rural, así como la pequeña y mediana propiedad. Igualmente que los campesinos siguen viendo sus necesidades básicas insatisfechas, que su nivel de vida experimenta un constante deterioro y que las políticas sociales de corte asistencialista no responden a sus demandas de desarrollo rural dejándolos sin opciones de una vida digna, dijo Nadia Rodríguez, investigadora del Observatorio de Identidades, Prácticas y Políticas en el Espacio Rural Colombiano de la Universidad del Rosario.
A pesar que se detectó la existencia de una gran diversidad de organizaciones campesinas, las demandas que estas hacen son las mismas: problemas de distribución de tierra y desarrollo rural. Los reclamos por la desprotección del sector agrícola y de algunos productos, en particular los transitorios frente al libre comercio, se han convertido en un punto de convergencia organizativa nacional.
También exigen el derecho a la vida, al trabajo y a la ciudadanía, lo que demuestra la capacidad de los campesinos de desarrollar alianzas estratégicas con variados actores y de renovar discursos y espacios de lucha y reivindicación, recalcó Rodríguez, quien hizo parte del equipo de investigación.
El estudio indica que en las últimas dos décadas, a pesar de la desaceleración agropecuaria, la autosuficiencia alimentaria del país descansó en los cultivos predominantemente campesinos que en los capitalistas, pues cerca del 40% de la canasta alimentaria se sustenta en productos campesinos, anotó.
La investigación
El análisis se desarrolló bajo un enfoque etnográfico, basándose en el estudio de varias veredas de los municipios de Mesitas del Colegio en Cundinamarca, Garagoa en Boyacá y Río Frío en el Valle del Cauca.
Para resolver el interrogante ¿quiénes son los campesinos, cómo viven y cómo se sostienen?, se analizaron tres aspectos: cómo son representados en las políticas públicas, en qué formas se organizan y cómo se alimentan y cuál es su participación en el suministro de productos para la alimentación de la sociedad en general.
Políticas públicas
La investigación encontró que Colombia pasó de ser un Estado regulador, que asumía gran parte de los riesgos de la producción agrícola, de la cosecha y de la comercialización, a un modelo de desregulación estatal, de flexibilización laboral y de reorientación de la estructura productiva.
La adecuación del aparato productivo nacional a la internacionalización de la economía fomentó las agrocadenas de cultivos tropicales para la exportación, con una gran inversión de capital transnacional: frutas tropicales, flores y agrocombustibles. Esto en detrimento de los cultivos transitorios, como cereales y oleaginosas, y de la pequeña producción para el consumo interno.
Mientras el sector agropecuario pierde vigencia, el campo cobra valor como fuente de bienes y servicios ambientales, turísticos y recreativos y de actividades primarias de extracción minera y forestal, pero no para los pequeños productores, comentó la investigadora.
A diferencia de los indígenas y afrodescendientes, a quienes las políticas multiculturales reconocen derechos especiales por su condición étnica, en el Cauca y Cundinamarca los sectores campesinos mestizos han apelado a nuevas formas de adscripción como desplazados y/o guardabosques para acceder a los beneficios de las políticas sociales focalizadas.
Organizaciones campesinas
El análisis reveló en este aspecto la existencia de una diversidad de organizaciones campesinas relacionadas con la actividad productiva (café, frutales), el suministro de servicios (comercialización, turismo, protección ambiental) y la defensa de los pequeños productores.
Para Rodríguez, a diferencia de décadas previas cuando sobresalían las organizaciones nacionales impulsadas por partidos políticos, el Estado o la Iglesia, hoy se observa una fragmentación organizativa con predominio de organizaciones locales y regionales.
Prácticas agroalimentarias
En este aspecto se constató que la economía campesina da respuesta a necesidades de producción y consumo que la agricultura de gran escala y tecnificada no logra cubrir.
Los sistemas productivos minifundistas de ladera se muestran persistentes, creativos y dinámicos frente a los procesos de modernización y desarrollo, así como a las condiciones estructurales de exclusión y pobreza.
Para la investigadora de la Universidad del Rosario, los sectores que han logrado adecuar su producción y asumir una identidad empresarial frente al imperativo de la competitividad se ubican cerca de las ciudades, donde encuentran mayor apoyo estatal y privado. Es el caso de los productores de frutas y hortalizas de Cundinamarca, que se han articulado al programa Bogotá sin Hambre.
