Justo cuando comienza el cuarto mes del año en curso y dos meses después del inicio del calendario académico, de los siete departamentos de la región Caribe tres no han comenzado aún a ejecutar el Programa de Alimentación Escolar al que están obligados todos los entes territoriales certificados del país.
Solo Atlántico – aparte de San Andrés en el territorio insular– La Guajira y Bolívar arrancaron en la fecha prevista la puesta en marcha del programa. Sin embargo, en el caso de este último se han presentado interrupciones en la prestación del servicio por fallas y malos manejos de los operadores Cartagena Exprés y UT Por los niños de la Heroica, que han entregado raciones incompletas o dañadas en los colegios de Cartagena, por lo que la Alcaldía les ha aplicado descuentos en los pagos de sus contratos.
En lo que respecta a La Guajira, los propios docentes han denunciado que los comedores no son aptos y que también hay fallas en las entregas de los alimentos.
Y en el caso puntual de Córdoba el PAE apenas arrancó el pasado 28 de marzo. El departamento tardó más de 60 días en poner en marcha el programa, por lo que los más de 150 mil estudiantes de este territorio estuvieron privados de la alimentación, que obliga la ley, durante los dos primeros meses de su año escolar.
No hay derecho a que los estudiantes de Sucre, Magdalena y Cesar (solo ha comenzado para la población indígena), a estas alturas del año, continúen sin recibir las raciones alimentarias que requieren para complementar su nutrición y su formación.
Son cerca de 300 mil alumnos sucreños, cesarenses y magdalenenses a los que el Estado, representado por las alcaldías y gobernaciones de estos departamentos, no les han cumplido.
El Programa de Alimentación Escolar busca brindar un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de todo el país para contribuir con su permanencia en el sistema educativo y evitar la deserción. Si la plata para cumplir con este objetivo está garantizada a través del Sistema General de Participaciones, y casi que es un recurso sagrado que destina el Gobierno nacional para tal fin, por qué los entes territoriales no pueden planificar con anticipación la contratación para garantizar ese derecho a sus estudiantes.
No es un cliché que la educación es la única herramienta para cambiar la vida de nuestros jóvenes y asegurarles oportunidades para el futuro. Es la tarea más importante de un gobernante asegurarse de que la niñez y la adolescencia cuenten con todas las garantías para acceder a una educación de calidad que contribuya a su desarrollo, y que se complemente con una adecuada nutrición que le facilite asimilar el conocimiento que recibe de sus maestros. El PAE no puede seguir contratándose a cuentagotas, es y debe ser una prioridad.
