El alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, puso fin al contrato con la sociedad Recaudos y Tributos S.A., R&T, para la gestión de los impuestos de la ciudad, al confirmar la resolución del 2 de diciembre de 2014, que terminaba unilateralmente dicho acuerdo. Sobre este acto administrativo la empresa había interpuesto recurso de reposición.
Ayer, a través de una resolución, el gobierno local negó la solicitud de las pruebas presentada por R&T dentro del escrito de reposición, al considerarlo impertinentes e inconducentes, lo que da vía libre al término del contrato que se suscribió en el año 2002 y que al decir de la oficina jurídica del Distrito está viciado de nulidad por haberse suscrito contra expresa prohibición legal.
El alcalde al expedir el acto de gobierno ordenó su notificación al representante legal de la R&T, como al de la Compañía de Seguros Generales Cóndor S.A., en su calidad de garante de las obligaciones contractuales.
La decisión se toma un mes después que por auto, el Tribunal Administrativo del Magdalena ordenara el levantamiento de la medida que en enero de 2015 se decretó y que suspendía el procedimiento administrativo hasta tanto se acreditara que la Alcaldía estaba en capacidad de asumir las actividades que hoy están contratadas con la empresa .
Cabe anotar que el recurso de reposición interpuesto el 8 de enero del 2015 por R&T contra la resolución 3429 del 2 de diciembre de 2014, solicitó la revocatoria de la misma argumentando una serie de causales, siendo una de ellas que Carlos Caicedo estaba incurso en un impedimento para decidir el caso concreto.
Sostuvo esta tesis afirmando que existe una grave enemistad entre el Alcalde de Santa Marta y la empresa, la cual el mandatario puso en evidencia desde cuanto era apenas candidato.
Aunque R&T no se ha pronunciado sobre el tema, su respuesta al respecto siempre ha sido reiterativa. El apoderado de la firma. Gustavo Aponte, se ha referido a las consecuencias jurídicas, fiscales y disciplinarias que se derivarían de la ratificación de la resolución, aseverando que se afectaría el patrimonio económico del Distrito.
Ha dicho que al gobierno local se le ha olvidado analizar el pago de la indemnización a favor de la empresa, la cual está en el orden de los 35 mil millones de pesos. El contrato para la gestión de los impuestos predial e industria y comercio en Santa Marta fue pactado a 20 años, a partir del 2002.
