De acuerdo con Fundesarrollo, Se estima que el aumento del salario mínimo podría generar la pérdida de unos 16.473 empleos formales en este territorio. Comercio e industria, entre los más vulnerables.
La organización manifestó que en un Estado Social de Derecho, el control jurisdiccional de los actos administrativos constituye una garantía esencial de legalidad.
El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto con el que se fijó el salario mínimo y le ordenó a Presidencia expedir uno nuevo transitorio que ya fue discutido con gremios y sindicatos.
El aumento del salario trasciende los derechos laborales y ahora está en una puja jurídica.