La Federación Nacional de Municipios, en nombre de los alcaldes del país, emitió un comunicado en el que hace un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que eliminen los artículos del 299 al 302, incluidos en el texto de la reforma tributaria.
Dichos artículos, según advierte Fedemunicipios, modificarían la recaudación de los recursos destinados para el alumbrado público municipal, lo que afectaría a 12 municipios del Atlántico, incluyendo Barranquilla.
Actualmente el impuesto al alumbrado público recauda en el país más de $800.000 millones y en el Atlántico $65.116 millones, los cuales son destinados a la compra de energía, administración y mantenimiento del sistema, y si hay excedentes son usados en la expansión y modernización de la red.
En diálogos con EL HERALDO, Gilberto Toro Giraldo, director Ejecutivo de Fedemunicipios, afirmó que con la reforma 614 municipios en todo el país tendrían que asumir los costos de financiación de alumbrado público con recursos propios. 'Todos los Acuerdos que están vigentes en este momento tendrían duración de solo 6 meses a partir de la aprobación de la reforma, por tal motivo no habría los recursos para sumir el costo del servicio de alumbrado público', indicó.
Los municipios que se verían afectados en el Atlántico son: Galapa, Juan de Acosta, Palmar de Varela, Piojó, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás, Soledad y Barranquilla.
Según informes de Fedemunicipios, Barranquilla recaudó en 2015 más de $50.000 millones por concepto de impuesto al alumbrado público, seguido por Soledad que cobró $4.000 millones.
Además, Toro Giraldo recalcó que los habitantes de los estratos uno y dos se verían afectados por aumentos de hasta el 100% en el servicio de energía para soportar esta descompensación en los recaudos. 'Los más perjudicados son los habitantes de estos municipios, los más pobres que verían aumento en las tarifas, ya que de algún modo los municipios tendrían que conseguir el dinero para financiar e invertir en el alumbrado público', dijo.
En el comunicado, el gremio de alcaldes aseguró que el impuesto ha sido fortalecido por varias sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado (C-004 de 1993, C-583 de 1996, C-569 de 2000, C-084 de 1995, C-227 de 2002; C-873 de 2002 y C-891 de 2012).
Según estos fallos, el impuesto existente 'es el más idóneo y fundamental para la prestación del servicio de Alumbrado Público'.
En su concepto, permitir que sea modificado desencadenaría una serie de litigios, en especial por parte de las concesiones, que requieren garantizar un modelo de operación y financiación ya comprometidos. Agregan que esto pondría en riesgo la prestación del servicio y la sostenibilidad fiscal de los entes territoriales.
