Procesos de responsabilidad fiscal por $14.462 millones enfrentan seis entidades que funcionan en el Atlántico. Así lo dio a conocer Marcial Cano Acuña, gerente departamental de la Contraloría General de la República, durante la rendición de cuentas del período agosto 2016- septiembre 2017, que se realizó ayer en Combarranquilla Boston.
El gerente de la Controlaría explicó que se hicieron a Electricaribe, el Sena, la Dian, Aerocivil y los programas del PAE en Soledad y Malambo. Se desarrolló una actuación especial a la empresa Gecelca 3.
Entre los casos relevantes se destacan dos procesos abiertos a la empresa prestadora de energía Electricaribe, uno por $6.078 (ejecución ineficiente de contratos Prone y Faer) y otro por $2.771 millones (incumplimiento del contrato para ejecutar el proyecto de normalización).
'Lo usaron para mitigar las pérdidas que estaba adquiriendo la entidad y no para llevar el beneficio de esas personas', señaló Cano Acuña.
También la entidad abrió un proceso por $3.355 millones, a tres ex directores de la Aerocivil (Juan Carlos Vélez, Ernesto Huertas y Fernando Sanclemente), por hechos relacionados con la reversión de los bienes entregados en concesión por la Aerocivil al Concesionario del Aeropuerto de Barranquilla (Acsa).
'Actualmente está en la etapa probatoria. Acsa al devolver la concesión, no la entregó en las condiciones que estipulaba dicho contrato', afirmó el gerente departamental
De igual modo encontraron problemas con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, de los municipios de Soledad y Malambo. En este caso se abrieron seis procesos por un daño patrimonial que suma $2.258 millones: 2 en Soledad (que totalizan $1.703 millones) y 4 en Malambo (por $554 millones).
El funcionario indicó que los contratos se hicieron por un valor mayor y por ende 'los niños debían recibir una ración más amplia', pero no fue así.
En el Sena Regional Atlántico se detectaron inconsistencias por $748 millones por un pago al contrato del proyecto Senova. Mientras que en la DIAN - seccional de Impuestos de Barranquilla, se determinaron dos hallazgos fiscales (uno por $493 millones y otro por $280 millones).
Seguimiento
La Contraloría General indicó que realiza un seguimiento a las obras preventivas control de inundación en Villa Rosa y Santa Lucía y encontraron que pese a que la obra se encuentra recién terminada, la población aledaña al jarillón ya está generando acciones que afectan su correcto funcionamiento.
'Se han extendido cercas, que además de invadir la zona del jarillón que no les pertenece, afecta la obra por la socavación, lo que puede conducir a agrietamientos en la estructura por debilitamiento del terreno', manifestó la Contraloría
Electricaribe
La empresa tiene dos procesos. El primero por la ejecución ineficiente de los recursos de las empresas contratista Prone y Faer, entregados por la Nación para subsidiar a los estratos 1 y 2, utilizados por la empresa para actividad diferente. Está comprobado que los $6.078 millones fueron utilizados para mitigar las pérdidas de la entidad. El otro proceso es por incumplir en el contrato para ejecutar el proyecto ‘Tiquisio Segunda Etapa’, en el municipio de Tiquisio, Bolívar, por $3.797.1 millones, con término de duración de 10 meses, desde el 17 de diciembre de 2014 y que nunca inició.
Pae soledad y malambo
La auditoría realizada a ambos municipios arrojó que hay una contratación por mayor valor dentro de los contratos de Plan de Alimentación Escolar. En Soledad hay un detrimento de $1.703 millones, en dos procesos de 2014 y 2015, donde aparecen como operadores Funpro y UT Alimentar 2014. Mientras que en Malambo es de $554 millones en 4 procesos de 2015 y a cargo de la Fundación Propuesta Social de Futuro. Serían responsables en los casos: el alcalde municipal, Secretario de Educación del municipio y los operadores para la época de los hechos.
Sena
La entidad estableció un hallazgo fiscal que corresponde al pago de contratos en el programa de Inversiones, Sennova, programa institucional que tiene el propósito de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. De acuerdo con el contralor, ni el contratista ni la entidad pudieron justificar los $748 millones pagados, sin que el Estado recibiera los beneficios del gasto de inversión en el que incurrió, en dirección al cumplimiento de los fines misionales de la entidad.
Dian
Como resultado de la actuación fiscal, la Contraloría indicó que se generaron dos hallazgos fiscales que ascienden a la suma de $773.6 millones. Estos alcances fiscales se originaron por haber expedido resoluciones de prescripción de oficio, mediante las cuales la DIAN Seccional Impuestos de Barranquilla dio por terminado el procedimiento administrativo de cobro sobre obligaciones, sin haber realizado gestión de cobro entre 3 y 4 años. Como Presuntos responsables aparecen los Jefes de las Divisiones de Cobranza y del Grupo Interno de Coactiva de la DIAN Barranquilla.
Aerocivil
El concesionario ACSA S.A. devolvió la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz a la Aerocivil en condiciones de servicio inferiores a como fueron entregadas en 1997, época de la entrada en ejecución del contrato. En este caso, el patrimonio de la Aeronáutica se vio afectado por la suma de $3.355 millones y se señala como presuntos responsables a los Directores de la Aerocivil en las vigencias en las que se ejecutó el contrato, así como a los supervisores e interventores del mismo. Los representantes legales de ACSA deben responder patrimonialmente por los hechos descritos.
