El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró como 'inválido' la modificación de un conjunto de normas que integran la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto Colombia por 'violación a la Constitución y la ley'.
Ángel Hernández Cano, magistrado del alto tribunal, consideró que durante la elaboración del instrumento de planeación urbanística 'se vulneraron los principios de eficiencia, transparencia, celeridad y economía'.
El fallo, que fue expedido el pasado 7 de diciembre, sanciona que la Administración municipal no haya tenido en cuenta la participación democrática al no solicitar opiniones de los gremios económicos y agremiaciones profesionales. Asegura que tampoco se realizaron convocatorias públicas necesarias, ni cumplieron con las respectivas etapas de concertación.
'Se ignoró la participación ciudadana, siendo un requisito de carácter constitucional y legal, con lo cual se incurrió en un vicio de legalidad y por ende, carece de legitimidad ante la sociedad', dice el documento.
La administración del alcalde Steimer Mantilla había efectuado un solo evento, el 23 de agosto de 2016, un hecho que 'configura una transgresión directa a los derechos', teniendo en cuenta que se debía concertar durante el diagnóstico, formulación seguimiento y evaluación.
El magistrado también detectó juicios de validez ante la falta de documentos que soporten la revisión de las modificaciones, teniendo en cuenta que son fundamentales para el nuevo PBOT.
De acuerdo con Hernández, el proyecto carece de estudios técnicos que sustenten el mismo, por lo que 'es inviable que el Concejo Municipal pueda analizar y valorar la información objetivamente'.
Las modificaciones
Dentro del Acuerdo N° 002 de 2017, declarado como inválido, se incrementa la densidad habitacional en sectores cercanos a Villa Campestre, pasando de 4 a 240 viviendas por hectárea neta urbanizable, una cifra equivalente al 50% de Barranquilla.
La administración también modifica el uso del suelo en áreas aledañas al Lago del Cisne y al Club Lagos de Caujaral, permitiendo así la construcción de edificios de hasta 20 pisos.
La demanda a este acuerdo fue instaurada por el abogado especialista en derecho urbano Oscar Jahir Hernández, en representación del Club Lagos de Caujaral. Según el experto, 'el municipio cambió sus usos del suelo sin ninguna fundamentación técnica y solo por atender los intereses particulares de personas específicas, dueñas de terrenos claros y contundentes como Argos'.
Anunció que, luego de tumbar la revisión excepcional del PBOT, se tramitará la denuncia respectiva para frenar la revisión ordinaria, 'basada en el acuerdo que ya se cayó', con lo que el polémico plan de Puerto se vendría abajo.
'¿Cómo permites levantar edificios altos, de más de 20 pisos, sin forma de garantizar la infraestructura para servicios públicos? Es una gran estafa', criticó Hernández.
