Alexis Marriaga Valencia vive desde hace cinco años con el terror de la muerte a la vuelta de la esquina.
Su pesadilla comenzó un día de septiembre de 2013. Al levantarse, se topó con un mensaje en un papel que le advertía desistir de su labor como líder social o de lo contrario era hombre muerto.
Aterrado y confundido, salió de su casa ubicada en el municipio de Luruaco con destino a su trabajo, pero al abrir la puerta de su oficina, halló en el piso la misma funesta comunicación.
'Sentí tanto temor que me fui de mi casa. Me mudé a otra ciudad pero antes denuncié ante la Fiscalía lo que me había pasado', relató Marriaga quien es presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal del Atlántico y vicepresidente de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal.
Un año después retornó a su vivienda y desde entonces asegura haber recibido 13 amenazas. La más reciente intimidación ocurrió este domingo: 'Te damos 48 horas para que renuncies al cargo o si no te asesinaremos a ti o a uno de tu familia', decía el ultimátum enviado por encomienda en un bus intermunicipal, según sostuvo Marriaga Valencia.
'He denunciado 13 veces pero no hay resultados en las investigaciones. Hasta la fecha no sé de donde provienen las amenazas y mi vida sigue estando en peligro por la falta de protección', contó el presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal del Atlántico.
Asegura que desde su primera denuncia en el 2013, el amparo que recibió fue un chaleco antibalas, un teléfono celular y un subsidio de transporte. 'Pero solo duró un año, porque el estudio de riesgo arrojó que no era necesario y me retiraron estos beneficios. Hoy, sigo usando el mismo chaleco que ya está desgastado. Ando a la buena de Dios'.
El temor de ser asesinado se recrudece con el pasar de los días pero afirma que lleva más de 30 años sirviendo como líder social y es difícil retomar su vida en otros escenarios. 'Sin querer, ser defensor de las comunidades es un trabajo que puede pisar los callos de muchos', añadió Marriaga.
Decreto para la protección de líderes
Tras el asesinato el pasado 27 de enero, de Temístocles Machado líder de Buenaventura; el ministro del Interior Guillermo Rivera, anunció que el Gobierno prepara un nuevo decreto para velar por la protección de las comunidades que tienen mayor índice de líderes y defensores de derechos humanos amenazados.
Según el jefe de dicha cartera, esta normativa apunta a 'superar esa idea de que el único esquema de protección es brindarles a los líderes amenazados carros blindados y escoltas. Debemos tener un mecanismo de protección colectivo y en eso es que nos estamos enfocando'.
De acuerdo con un reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, en lo que va corrido de 2018 han sido asesinados 23 líderes sociales a nivel nacional.
Seis de ellos son de la región Caribe. Nixon Mutis, en Cantagallo, Bolívar, es la víctima costeña más reciente; su asesinato ocurrió el pasado 30 de enero.
No obstante, la organización Somos Defensores estima que fueron asesinadas 12 personas, cifra en la que coincide la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, mientras que la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, contabilizó 18.
'No hay atención efectiva'
Sobre esta nueva normativa que está en la fase de socialización con las organizaciones defensoras de derechos humanos, el abogado José Humberto Torres afirmó que estas comunidades no están de acuerdo con la manera como el gobierno está planteando la consulta.
'Es un decreto que debe consultarse y discutirse en las regiones porque es estas zonas donde más ocurren las amenazas y asesinatos de líderes', dijo Torres, tras asegurar que se requiere una metodología que permita que todos los líderes puedan opinar sobre el contenido de la norma.
A su vez precisó que Colombia es uno de los países donde más se expiden decretos para la protección de líderes pero también es uno de los primeros donde más se asesinan a estas personas. 'No es necesario crear más normas solo por cumplir porque a la hora de hacer efectivo ese decreto no hay instrumentos ni el presupuesto suficiente', expresó el abogado y defensor de derechos humanos.
Para Misael Delgado, coordinador de la Mesa de Víctimas del Atlántico, a pesar de que el gobierno ya ha expedido decretos para la atención a líderes y defensores de derechos humanos, estos no han logrado consolidar una protección efectiva.
'Estamos ante una situación de riesgo porque la Fiscalía no investiga a tiempo para prevenir las pérdidas humanas. Más que un decreto, sino existen funcionarios con el sentido de pertenencia para defender a estos hombres, falla todo el sistema de protección', sostuvo Delgado.
