La Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF) remitió una carta al Ministerio de Salud, con copia a la Superintendencia Nacional de Salud y varios gobernadores del país, para que realice una 'intervención' en ocho Empresas Sociales de Estado (ESE) del Atlántico y 68 a nivel nacional. Estas entidades fueron categorizadas en riesgo alto o medio.
Los centros médicos del departamento que se encuentran en la lista son: Hospital Niño Jesús de Barranquilla, Hospital Universitario Cari, Hospital de Candelaria, Hospital Local de Manatí, Hospital de Ponedera, Hospital de Puerto Colombia, Hospital Departamental de Sabanalarga y el Centro de Salud de Usiacurí.
La misiva, que fue enviada el pasado 6 de julio por Ana Lucía Villa (directora de la entidad del Ministerio de Hacienda), dice que las 76 ESE relacionadas en la carta 'no se encuentran facultadas para presentar el programa de saneamiento fiscal y financiero' como lo establece el Ministerio de Hacienda 'para el estudio de viabilidad'.
Aclara que podrían someterse a nuevo programa de saneamiento, si la Superintendencia de Salud procede con la intervención y luego emite un pronunciamiento en relación con la culminación de dicho proceso o que la Red de Prestación de Servicios esté debidamente viabilizada por parte del Ministerio de Salud.
EL HERALDO realizó hace varias semanas un recorrido por los hospitales del Atlántico que fueron categorizados en riesgo alto para verificar su estado. En el Cari encontró oscuridad y soledad en la mayoría de sus pisos, al igual que la ausencia de sus servicios.
En los otros siete centros de salud, se encontraron problemas en las estructura físicas, deficiencias en la atención, falta de insumos y atrasos en pagos de salarios.
Para el diputado Adalberto Llinás, de Cambio Radical, la intervención a la que se refiera la DAF es que 'tome una decisión de fondo' con el Hospital Cari, ya que el centro médico no es sujeto de un nuevo saneamiento financiero y hace 3 años recibió recursos del Gobierno y del departamento para esa destinación.
Con respecto al operador privado que tendrá el Cari, señaló que es una 'solución que considera valida', siempre y cuando se preserve la salud mental como pública.
