Hace dos años, Víctor Tapias tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: regresar a su natal Santa Lucía desde Venezuela, tierra que lo adoptó por más de una década.
El hombre decidió volver hasta su terruño, debido a la crisis que se vive en el vecino país, que lo dejó sin una fuente de sustento para él y su familia.
Al llegar a esta localidad del sur del Atlántico, el hombre se quedó por varios meses en la vivienda de sus familiares, en la cual todavía hay rasgos de la ola invernal que afectó a esta zona del departamento entre 2010 y 2011.
Sin embargo, el hacinamiento que se vivía en esa casa lo llevó a invadir un terreno, ubicado en inmediaciones a la Urbanización La Primavera, y armar un cambuche para vivir junto a su esposa y sus pequeños hijos.
En esta zona, que ha sido bautizada como la ‘Bendición de Dios’, muchos colombianos retornados han tomado la decisión de levantar su vivienda.
'Nosotros nos metimos aquí porque no tenemos dónde vivir. Volvimos de Venezuela con nuestras familias por la dura situación que hay allá: no hay comida, medicamentos ni otros elementos vitales para subsistir', aseguró Tapias.
El hombre, que se ha dedicado al oficio de pescador desde que regresó del vecino país, se mostró consciente de que están viviendo en condición de invasores, pero 'no tenemos otra opción. Queremos que las autoridades nos ayuden, nos brinden el apoyo necesario para salir adelante'.
Jenny Niño es una de las pocas invasoras que no es retornada desde Venezuela; empero, tomó la decisión de asentarse en este sector debido a la falta de una vivienda digna.
'Estoy acá junto a mi esposo y mis tres niños. En esta casa no contamos con ningún servicio público y no hay vías de acceso, pero nos podemos refugiar de la lluvia y el sol', aseveró.
Gestiones de la Gobernación. Guillermo Polo, secretario del Interior del departamento, aseguró que ha venido sosteniendo acercamientos con los residentes de la ‘Bendición de Dios’ para conocer su situación.
El funcionario expuso que el terreno que ha sido invadido por las familias es de propiedad de la Gobernación y no se ha contemplado su desalojo por 'razones humanitarias'.
Además, indicó que se vienen realizando las gestiones pertinentes para poder incluirlos en programas de asistencia social, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos cuentan con la nacionalidad colombiana.
