La Alcaldía de Soledad informó ayer que el Ministerio de Transporte acogió una serie de observaciones que el municipio le envió a esta dependencia del Gobierno nacional sobre el borrador del proyecto de resolución 'por la cual se autoriza y reglamenta el uso de los vehículos clase motocarro para la prestación del servicio público terrestre automotor en sistemas de transporte público de pasajeros'.
En total fueron cuatro sugerencias que hizo la Oficina Asesora Jurídica tras revisar el borrador del proyecto emitido por el Ministerio de Transporte a mediados del año pasado para el posterior análisis de los entes territoriales.
De acuerdo con la Alcaldía municipal, el proyecto de resolución no dice nada respecto a la matrícula y las tarjetas de operación, así como de la habilitación del servicio (como bien si se establecían en propuestas anteriores), tampoco determina las áreas dónde pueden estar circulando (vacío) por lo que debe corresponder a la autoridad de tránsito (alcalde o gobernador) determinar su movilización en el territorio y dónde no. El proyecto debe determinar definiciones sobre qué son zonas de alimentación de primera y última milla e incluir las condiciones especiales por las que puedan transitar, según las especificaciones dadas por el jefe del municipio (en este caso por el alcalde) a través de acto administrativo.
'Esas sugerencias fueron con base en la experiencia, por ejemplo, que anualmente se pagara una especie de matrícula o impuesto de rodamiento, que se organizaran en cooperativas, que se identificara al motocarrista y que tengan seguros. El Gobierno, a partir de allí, dirá en qué manera puede circular, dónde puede circular y cómo puede circular', manifestó el alcalde de Soledad, Joao Herrera, a EL HERALDO.
Respuesta del Mintransporte
Antes estas sugerencias, el Ministerio de Transporte respondió que es necesario continuar el análisis de las alternativas, observaciones, aportes y documentos entregados por los diferentes actores, como respuesta a la publicación del proyecto del acto administrativo.
Asimismo, la entidad gubernamental explicó el camino a seguir en este proyecto de resolución con las observaciones hechas por la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Soledad, como la definición de un cronograma de trabajo, mesas de trabajo y consulta pública.
'Las observaciones recibidas serán insumo para los asuntos relacionados con la definición de la política pública para el uso de vehículos tipo motocarros en el servicio público de transporte, asuntos que hacen parte de la agenda de trabajo del Ministerio en la presente vigencia. Una vez se tenga un cronograma de trabajo o un nuevo texto de propuesta emanado desde el interior de las áreas del Ministerio, se convocará a mesas de trabajo y posteriormente se someterá nuevamente a la consulta pública el nuevo documento de propuesta de política pública', detalló el Ministerio.
Opiniones encontradas
Desde que el Gobierno nacional publicó a mediados del año pasado el borrador del proyecto que autoriza y reglamenta el uso de este tipo de vehículos, una serie de opiniones se han originado alrededor de este tema. Algunos aprueban la medida por aspectos como la generación de empleo, mientras que otros no lo ven necesario.
'Es un fenómeno social que desbordó la norma. No es solo que 6.000 familias dependen de igual número de motocarros, sino que una ciudad decidió movilizarse en ese medio de transporte. Los taxis ya no quieren venir a Soledad, porque no encuentran mercado', sostuvo el mandatario municipal.
Por su parte, el analista en vías y transporte Isidro Ruíz aseguró que, a pesar de ser acogida estas observaciones, no cree que el Ministerio de Transporte 'le camine' a formalizar el motocarro.
'Yo me atrevería a decir que en Soledad no hay necesidad de un servicio de transporte prestado por motocarros, porque el municipio no tiene deficiencia en materia de transporte público, además tiene portal de Transmetro y alimentadores a las troncales', dijo Ruiz.
Cabe recordar que esta medida sería de libre aplicación y se mantendría la autonomía de los entes territoriales, que decidirán, a través de cada mandatario, si la adoptan o no, de acuerdo con la necesidad de las ciudades y municipios.
