Compartir:

La directora del lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Juliana Pungiluppi, presentó en medio de un conversatorio en la Universidad del Norte, la alianza contra la violencia de niños, niñas y adolescentes. 

Durante la charla, en la que participaron diferentes actores como el Ministerio de Justicia, la Fiscalía de Infancia y Adolescencia; y Pisotón, programa de desarrollo psicoafectivo de la Uninorte, la directora del Icbf señaló que el Atlántico es el tercer departamento que tiene abiertos procesos administrativos por restablecimiento de derechos en casos de violencia sexual contra menores.

'Son 777 casos los que se presentan en el departamento de los 10.528 que hay en el país. Un promedio de 39 casos se registran a diario en Colombia', indicó la directora del Icbf. 

De esta población, las más afectadas siguen siendo las niñas, mientras que los niños son más propensos a sufrir de otras formas de violencia como el castigo físico. El Icbf, también indicó que los agresores en la mayoría de las situaciones, son quienes están más cerca del cuidado de los menores, es decir sus familiares. 

'Cero tolerancia para la violencia y el abuso, ese es el mensaje que estamos liderando desde el Gobierno con esta alianza en la que queremos vincular a la sociedad civil y a otros aliados como lo hemos hecho con la Universidad del Norte', agregó Pungiluppi.

Las cifras revelan que solo el 10% de los casos de violencia sexual contra menores se judicializan en Colombia. Esto se debe a factores como la falta de especialización de jueces, que a su vez genera carencia en la valoración probatoria de la credibilidad de los menores. 

Asimismo, los procesos de investigación son deficientes ya que hay debilidad en la recolección de pruebas y cobertura limitada para practicar exámenes médicos legales en algunos municipios. 

Ante el déficit en el sistema, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que para implementar acciones favorables se requiere de la integración de varias entidades que trabajen de manera conjunta contra este flagelo. 

'Tenemos un problema complejo que debemos atacar desde lo jurídico, lo legal y desde la gestión administrativa con todos los órganos y gestores de la sociedad, para eso estamos creando programas y estrategias desde el Ministerio como la justicia restaurativa que hace parte de la Ley de Infancia y Adolescencia', dijo Cabello. 

Además, mejorar la presencia institucional con el fortalecimiento de las Comisarías de Familias es otro de los proyectos en los que trabaja el Ministerio de Justicia. 

En los hogares

 El fiscal delegado para la violencia contra niños y niñas, Mario Gómez, ratificó la cercanía del agresor con menores: 'El 70% de los crímenes que se cometen contra esta población ocurren en sus propios hogares, por familiares o conocidos'.

Creer en los niños y entender que su testimonio es importante para afectos de poder tomar las medicas adecuadas, tanto para la prevención como para la denuncia de los abusos, es otra de las medidas que explica la Fiscalía, teniendo en cuenta que en los últimos cinco años, solo se ha penalizado el 10% de las 150 mil denuncias por delitos cometidos contra menores.

 'La responsabilidad institucional del Estado es inmensa, se debe aumentar la cifra de eficacia traducida en condenas contra agresores sexuales y reclutadores de ilícitos', indicó Gómez. 

La migración

 Fenómenos como la migración venezolana ha indicado que en espacios geográficos como zonas de fronteras, se han aumentado las estructuras criminales de proxenetismo y de explotación contra niñas y adolescentes. 

'Muchas adolescentes que hacen parte de estas redes no se autodefinen como víctimas y en consecuencia no participan con sus testimonios en la valoración probatoria que debe hacerse, precisamente por temor', puntualizó el fiscal. 

PROGRAMA

Educación sexual

En su visita a Barranquilla, la directora del Icbf asistió a la estructuración de un programa integral de educación sexual para jóvenes fuera de la escuela. La iniciativa desarrollada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) eligió a Colombia para implementar el proyecto. 'El Atlántico será el primero en desarrollar el piloto del país. Se hará en Barranquilla, Ponedera, Santa Lucía, y Campo de la Cruz , donde más se registran tasas de embarazos en adolescentes', señaló Benjamín Collante, director regional del Icbf, en Atlántico. 

Etiopía, Ghana, Irán y Malawi, son los otros países donde se implementa este proyecto.