La mancha de sedimento que apareció hace unas semanas en el lado norte del Lago del Cisne, y que la Secretaría de Medio Ambiente atribuyó a material de arrastre producto de las canteras, puso en evidencia los riesgos y afectaciones que trae la actividad minera para el medio ambiente.
En el departamento donde hay una extensión territorial de 330.000 hectáreas en sus municipios, en promedio, la explotación minera ocupa más de 500 hectáreas de tierra y la ilegal más de 100.
En este territorio, donde la explotación del suelo data de hace medio siglo, la actividad de las canteras está relacionada con la producción de caliza, arena, arcilla, grava, conglomerado de piedra china y materiales de construcción, 'de lo cual puede concluirse que no se requieren grandes infraestructuras para realizar la actividad ilegal', dice un informe de la CRA.
Para su legalización, las actividades mineras requieren de una licencia ambiental, instrumento que está contemplado en el Decreto 1076 de 2015. Pero antes de tramitar la licencia, las compañías deben contar con un contrato o título minero, otorgado por el Ministerio de Minas y Energía, proceso que muchas optan por pasar en alto.
Los permisos se otorgan si no se trata de un área protegida o de una zona que conecte con un ecosistema predominante, según la autoridad ambiental.
'Aunque se otorguen permisos hay una línea vasta ambiental que se debe conservar', agrega Juliette Sleman, asesora de dirección de la CRA.
En el Atlántico hay 48 proyectos de explotación minera legales, ubicados principalmente en los municipios de Luruaco, Repelón, Puerto Colombia, Juan de Acosta, Tubará y Santo Tomás; pero también existen 30 más que operan de manera ilegal, según la Corporación Autónoma Regional.
Igualmente el ente ambiental señaló que Luruaco con 13 empresas, es el municipio con mayor actividad minera legal; es decir que cumple con títulos y licencias otorgadas o por la CRA o por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). En su orden le sigue Puerto Colombia con 11. Y en el mismo orden son los que más procesos sancionatorios tienen por actividad ilegal. El primero tiene 11 y el segundo ocho. .
Asimismo se ha detectado que otros municipios afectados con actividad ilegal son: Galapa, Sabanalarga y Santo Tomas, 'por ser municipios que poseen grandes yacimientos de piedra caliza'.
