Por un presunto daño patrimonial público causado al Distrito de Cartagena por valor de $394.082.781, la Contraloría General de la República abrió un proceso ordinario de responsabilidad fiscal contra la Fundación Impacto Social, FIS Integral, con participación del 50 por ciento del Consorcio Preescolares 2016, representada legalmente por Félix Enrique Barrios Ballestas.
El órgano de control vinculó igualmente como presuntos responsables fiscales a la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia, representada por Sandra Milena Mercado Santoya, con participación del 50 por ciento restante en el Consorcio Preescolares 2016, en calidad de operadores dentro del contrato No. 52 de 2016.
A la Sociedad de Transporte y Logística Sotranslo, a Manuel Vicente Duque Vásquez, quien se desempeñó como alcalde distrital de Cartagena en el período comprendido del primero de enero de 2016 hasta el 28 de julio de 2017, en calidad de ordenador del gasto y suscriptor del contrato; a Germán Sierra Anaya, quien se desempeñó como alcalde distrital por el período del primero de enero de 2016 hasta el 28 de mayo de 2017, por tanto según la cláusula sexta del contrato 052 de 2016, tenía a su cargo la supervisión del contrato.
Finalmente la Contraloría vinculó a Mayiris Gómez Ballestas, quien se desempeñó como supervisora del contrato.
Félix Enrique Barrios Ballestas es uno de los cuatro capturados el pasado sábado, vinculados a una investigación por presunta corrupción en la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el Atlántico. En el operativo llevado a cabo por agentes del CTI de la Fiscalía de Bogotá, fueron capturados también Dagoberto Barraza Sanjuán, Uriel Eduardo Reyes Pájaro y Emil Armando Pacheco Jiménez, este último es funcionario de planta de la Secretaria de Educación Departamental y coordinador de cobertura.
Los hechos
El Ministerio de Educación Nacional, mediante la resolución 20326 del 16 de diciembre de 2015, asignó unos recursos del Presupuesto del Ministerio de Educación Nacional, y ordenó el giro a las entidades territoriales, certificadas para el Programa de Alimentación Escolar, jornada única, asignándole al Distrito de Cartagena la suma de $1.542.708.180. Así mismo, el Distrito de Cartagena financió la ración industrializada para la Población Escolar de Jornada Única, matriculada en los niveles de preescolar y básica primaria, estableciendo unos valores por ración de $1.766, entre otros.
Por lo tanto se pudo determinar como valor estimado del contrato y el presupuesto oficial para el presente proceso de contratación bajo la modalidad de licitación pública es de hasta $15.831.468.135.
La oferta presentada por el consorcio Preescolar 2016 fue escogida como la más favorable por el Distrito de Cartagena, por lo que se celebró el contrato número 052 de 2016, con el objeto de prestar el servicio de Alimentación Escolar a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes focalizados, registrados en el sistema de matrícula SIMAT, como estudiantes oficiales de Cartagena de Indias, acorde con los lineamientos técnico-administrativos y estándares del programa de alimentación escolar por $15.831.468.135, correspondientes a 57 y 76 días hábiles, según calendario escolar.
El equipo auditor al verificar los documentos soportes, el informe financiero, contables y la facturación presentada por el contratista para soportar la ejecución del contrato, evidenció mayores valores reconocidos por el ítem que conformaba los gastos en que manifestó el Consorcio Preescolares había invertido los ingresos recibidos por parte de la entidad territorial.
Al verificar la información aportada por el consorcio, el equipo auditor comprobó que existía una diferencia entre lo pagado por el consorcio correspondiente al valor del transporte y lo que informó en el detalle de la inversión presentado al Distrito de Cartagena en su propuesta.
La diferencia evidenciada en el transporte que asciende a la suma de $394.082.781 no se encuentra debidamente soportada, lo que genera un daño al patrimonio al estado por la cuantía mencionada.
La Contraloría dictaminó que 'las causas asociadas a esta situación resaltan las debilidades en la ejecución, control y supervisión del contrato, específicamente en el cumplimiento de las obligaciones específicas del operador, relacionadas con el deber de verificación de los soportes entregados por el contratista y que sustentan el gasto asociado a la ejecución del mismo, afectando con ello los recurso disponibles para suministrar alimentación a la población infantil'.
