Ante las reiterativas quejas por el incumplimiento de los protocolos para el manejo y disposición de cadáveres en medio de esta crisis sanitaria, la Procuraduría Regional del Atlántico y Provincial de Barranquilla ha adelantado varias acciones de vigilancia en el departamento del Atlántico.
Ese será uno de los temas centrales de la reunión virtual de seguimiento que el Ministerio Público convocó para la mañana del martes 21 de julio, en la cual también participarán los secretarios de salud del Atlántico, EPS, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Trabajo, la Defensoría, Medicina Legal y la Fiscalía.
En dicho encuentro también se revisará la situación de atención oportuna en salud a la población atlanticense, así como los procedimientos de toma de muestras y tiempo de entrega de resultados a pacientes sospechosos de COVID-19.
La reunión hace parte de la estrategia preventiva liderada por el ente de control para lograr el fortalecimiento de los entes territoriales del Atlántico, para conjurar la crisis sanitaria por la propagación del nuevo coronavirus. Durante las últimas semanas, el ente de control ha realizado varios encuentros con autoridades locales y otros entes para revisar los protocolos que se han puesto en marcha para la disposición final de pacientes fallecidos confirmados o con sospecha de COVID-19.
Incluso, la Procuraduría actuó como garante en el proceso de conciliación entre dos familias barranquilleras con la Clínica General del Prado y la funeraria Jardines de la Eternidad por la desaparición de los cadáveres de Marilin Pérez y José Muñoz. El ente de control –en conjunto con la Personería y la Fiscalía– intervino en el mencionado proceso con el objetivo de esclarecer los errores humanos que se presentaron en la entrega e inhumación de cadáveres y hacer las reparaciones correspondientes.
Por otro lado, la Procuraduría Regional del Atlántico adelanta una indagación preliminar por presuntas irregularidades en el contrato suscrito por la Gobernación del Atlántico –por el orden de $225 millones– para la cremación de cadáveres de personas residentes en municipios y que no cuenten con los recursos para tal fin. El proceso ya se encuentra en la etapa probatoria, según informó la entidad.
Solicitud anterior
Previamente, la Procuraduría requirió, a través de una acción preventiva de vigilancia y seguimiento, la elaboración y aplicación obligatoria de los protocolos de bioseguridad e información sobre los cadáveres confirmados o por sospecha de la COVID-19 El llamado por parte del Ministerio Público a las alcaldías de Barranquilla y Soledad, que se realizó a mediados del mes de junio, se sustentó en el incremento de casos positivos y fallecimientos durante los últimos dos meses en el departamento.
A través de una carta, Procuraduría solicitó la creación de una plataforma informativa sobre los fallecidos que sean sospechosos o portadores del virus, con el fin de minimizar el riesgo de transmisión al personal que labora en las EPS e IPS, así como autoridades judiciales, ciencias forenses, servicios funerarios, cementerios y otros actores que se involucren en la cadena de manipulación de cadáveres.
En la misiva –dirigida al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, y al alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós Rosales–, el Ministerio Público conminó a establecer una ruta de coordinación y articulación interinstitucional. Asimismo, recomendaron la adquisición de cabinas de bioseguridad para el manejo, traslado y disposición final de los cadáveres, y la capacitación en coordinación con los servicios funerarios y cementerios para su manipulación.
Por otro lado, la Procuraduría indicó que las alcaldías deberán informar sobre el funcionamiento de su plan de contingencia, que debe identificar el inicio de la ruta de manipulación de los cuerpos, el tipo de transporte, la disposición final de los mismos: inhumación, entierro en bóveda o en tierra.
Dicho plan también debe contener la habilitación de un lugar de respaldo para los cadáveres por sospecha o confirmación de la COVID-19 en caso de que la cantidad de muertes aumente y la capacidad de los cementerios.
Por último, el ente de control solicitó información sobre implementación y aplicación obligatoria de protocolos mediante decretos distritales y demás documentos definidos por el Ministerio de Salud para evitar poner en riesgo el medio ambiente, la seguridad de los profesionales de salud, pacientes, personal administrativo, usuarios y a la población en general.
