El capítulo final de la historia de Electricaribe en la región Caribe arrancó el 15 de noviembre de 2016. En la mañana de ese martes, la Superintendencia de Servicios Públicos dio inicio al proceso de intervención administrativa a esta empresa, tras las infructuosas conversaciones entre el Gobierno nacional y Gas Natural Fenosa para encontrar una solución ante el inminente riesgo de un apagón.
El mal estado de la infraestructura eléctrica y los permanentes cortes del servicio, sumados a la incapacidad de la empresa de atender sus obligaciones de compra de energía, fueron las ‘gotas’ que rebosaron la copa y motivaron la expedición de una resolución a altas horas de la noche del lunes 14 de noviembre, que en el calendario se marcó como día festivo por la celebración de la Independencia de Cartagena.
'La tarea de normalizar la prestación del servicio de energía en la Costa es altamente compleja y tomará algún tiempo. La toma de posesión ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos es apenas el primer paso de una larga cadena de actuaciones que deben surtirse para que los actuales usuarios de Electricaribe puedan gozar de un servicio que esté acorde con sus expectativas', fue una de las frases que el superintendente Mendoza expresó en la rueda de prensa sobre la toma de posesión a Electricaribe.
Mendoza había llegado en la tarde de ese lunes a su natal Barranquilla junto a otros 65 funcionarios de la Superintendencia a bordo de un avión de la Fuerza Aérea, a espera de la 'hora cero' para tomar posesión de la empresa.
La custodia policial de las distintas oficinas administrativas de Electricaribe en la Región fue el primer indicio de la toma de posesión. Posteriormente, Javier Lastra Fuscaldo tomó juramento como agente especial para la interventoría, mientras que Edgardo Sojo fue nombrado como representante legal de la empresa, que en ese momento se encargaba de distribuir energía a 2,5 millones de usuarios en toda la Costa Caribe.
Con estos nombramientos también se confirmó la salida del español José García Sanleandro de la presidencia de Electricaribe, lo que marcó el inicio de una nueva era, que se ha extendido por 3 años y 10 meses.
Los resultados
Para Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, la intervención de Electricaribe era 'inevitable' debido a que la empresa no disponía del flujo de caja necesario para pagar la energía que le compraba a los generadores y poder distribuirla.
'Electricaribe estaba exponiendo a sus 2.6 millones de usuarios a limitaciones de suministro, que no es otra cosa distinta a racionamientos programados', expuso el economista de origen guajiro.
Acosta recordó, además, que si bien la intervención en un principio fue con fines de administración, la gravedad de la situación de la empresa y el riesgo sistémico de un apagón llevaron a que la Superintendencia de Servicios Públicos tomara la decisión de liquidar y apostar por una subasta para el cambio de operador.
'La intervención solo sirvió para sacar a Electricaribe de la unidad de cuidados intensivos y tratar de estabilizarla para evitar un apagón en la región Caribe, a la espera de un recambio de operador y en ese punto estamos', agregó el también ex director de la Federación Nacional de Departamentos (FND).
Por otro lado, Acosta recordó que cerca de $4 billones se ha gastado el Gobierno nacional –a través del Fondo Empresarial– en los casi cuatro años que ha durado la intervención de Electricaribe.
A su turno, Javier Lastra Fuscaldo, exagente interventor de Electricaribe, ratificó el argumento de que el proceso era necesario para evitar un apagón en la Costa Caribe.
Recordó que, en el momento de la toma de posesión, Electricaribe contaba con 69 procesos de limitación de suministro por parte de XM y no estaba cumpliendo con el pago de sus obligaciones, en especial a los generadores que le vendían energía y ya se encontraba en el 63% de exposición en bolsa.
'Este proceso ha debido ser más rápido y con inversiones en infraestructura desde el primer año de intervención. Si bien se expidieron tres Conpes entre 2016 y 2018 para asignar recursos, estos no estuvieron disponibles, sino hasta el último trimestre de 2019 por un monto de $860 mil millones', expuso Lastra Fuscaldo.
Lastra también destacó que el principal resultado fue garantizar la continuidad en la prestación del servicio, aunque fue enfático al sostener que es necesario realizar un balance sobre cuál fue el total de recursos invertidos.
'La Superservicios ha dicho que se han invertido $4.4 billones, monto equivalente a un billón de pesos en promedio por año, durante el periodo de intervención. Sin embargo, la deuda a noviembre de 2018 era de $200 mil millones y en los casi dos años siguientes –incluyendo los $860 mil millones–, subió a 4.4 billones', agregó.
Además, Lastra Fuscaldo sostuvo que es necesario realizar un balance sobre los indicadores de calidad de servicio que se presta a los usuarios, el recaudo y pérdida de energía eléctrica para tener un panorama completo sobre la eficiencia del proceso de intervención.
