Por presuntas omisiones en el manejo de recursos públicos por valor de $2.11.277 millones, la Procuraduría formuló cargos en contra de José García Sanleandro, representante legal de Electricaribe para el periodo 2012-2016, y Rogerio Ramírez Reyes, director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía entre los años 2014 y 2016.
El ente de control tomó esta decisión ante la posible falta de seguimiento, control y vigilancia de cinco convenios que incluían la administración y disposición de recursos provenientes del Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) y el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE), lo que podría haber conllevado a un eventual detrimento por $45.769 millones.
Los investigados habrían generado un uso indebido de recursos de inversión social, por la posible falta de culminación de 29 proyectos contemplados en los convenios, que tenían por objeto asegurar la prestación eficiente de energía, ampliar la cobertura y satisfacer la demanda de este servicio público en la región Caribe.
Según lo expuesto por el ente de control, García Sanleandro habría desconocido el ordenamiento jurídico que regulaba sus deberes como administrador, la actividad contractual estatal y la debida administración de las rentas públicas entregadas a la empresa que representaba, para el cumplimiento de los fines del Estado colombiano.
Por su parte, Ramírez Reyes habría omitido sus deberes como supervisor de los cinco contratos FAER y PRONE, consistentes en informar al Minminas las circunstancias que pudieron poner en riego el cumplimento de los negocios jurídicos bajo su responsabilidad.
En un segundo cargo se cuestionó al exrepresentante legal de Electricaribe por la presunta aplicación indebida del subsidio del FOES (Fondo de Energía Social), que concede el Gobierno al consumo individual de energía por parte de los usuarios de estratos 1 y 2.
Este beneficio habría sido otorgado contrario a lo previsto en la norma, esto es, al consumo comunitario.
Esta posible irregularidad se habría traducido en una sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tras comprobar que recursos del beneficio FOES por $165.458 millones, fueron empleados para disminuir las pérdidas de la empresa entre octubre de 2012 y diciembre de 2016.
García Sanleandro podría haber utilizado indebidamente recursos públicos provenientes de los fondos FAER, PRONE y FOES, transgrediendo el numeral 4 del artículo 55 del Código Disciplinario Único.
Con estas posibles conductas los investigados podrían estar incursos en falta gravísima cometida con culpa gravísima.
