Desde su exilio en Canadá, Jorge Freytter Franco, egresado y víctima de los hechos que marcaron parte de la historia de la Universidad Atlántico, cuestiona ¿qué pasó? ¿Por qué actuaron con tanta sevicia, con tanto odio? ¿Quién ordenó el asesinato? ¿Quién pagó?
Las preguntas están relacionadas con el crimen –declarado de lesa humanidad– perpetrado en agosto de 2001 contra su padre, el profesor samario Jorge Freytter, 'quien luchó por las reivindicaciones sindicales'.
El abogado de 51 años fue secuestrado, torturado y asesinado en Barranquilla. 'Había hostigamiento del DAS, de la Sijin en la casa, preguntaban, iban, venían. También me buscaban a mí, eso ocasionó –además– la salida de mi hermano del país', cuenta Freytter.
La lucha de su padre por la defensa de la educación pública, de los derechos laborales y en contra de la corrupción que había en la Universidad, puso en riesgo la integridad de todos.
Los efectos de esa violencia dejaron una marca indeleble en sus hijos que hasta hoy no tienen respuestas claras, ni autores pagando por el hecho.
El pasado mes de septiembre el Estado admitió su responsabilidad parcial por el crimen; sin embargo, su familia no aceptó el perdón. 'Estamos en contra de la constitucionalidad, de una normalidad de la muerte que hay en el país, uno de los paramilitares que participó en las torturas no ha pedido perdón, por ejemplo. Las investigaciones no han llegado al fondo de lo que ocurrió', dice Freytter.
Tan solo cuatro meses antes del crimen de Freytter, fue asesinado Humberto Contreras, un estudiante de quinto semestre de Derecho.
Desde 1998 era estigmatizado y amenazado por su liderazgo en la organización estudiantil ‘Alma Mater’. Fue crítico y opositor de la administración universitaria y hacía seguimiento a presuntos casos de corrupción. Empezaba el año 2000 cuando lo capturaron y lo procesaron por el delito de rebelión y terrorismo, acción que luego fue contrariada al no haber pruebas en su contra, por lo que fue dejado en libertad.
El 3 de mayo de ese mismo año fue asesinado el estudiante Jairo Puello Polo, cursaba séptimo semestre de Economía y era representante estudiantil de la Junta Pro-ciudadela. Puello gestionaba recursos para el complejo universitario en la sede de Puerto Colombia y, según sus compañeros del colectivo antes mencionado, había hecho denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos de compras. Fue asesinado en su residencia, un sicario le disparó desde una ventana que daba a la sala principal.
En septiembre del mismo año, Antonio Meza Consuegra, trabajador de la universidad, fue asesinado por un sicario en la puerta de su casa. Era contador público y laboraba en el área administrativa. También se encontraba vinculado a la defensa de los derechos sociales y a los organismos sindicales, lo que lo llevó ese año a postularse para las elecciones al Concejo.
Todos hicieron parte de esa violencia prolongada que marcó una época entre 1998 y 2010 en la Universidad del Atlántico, en donde 22 personas fueron asesinadas, 10 detenidas, 4 torturadas y más de 100 amenazadas. En esos números se encontraban estudiantes, docentes y trabajadores administrativos que en su mayoría pertenecían a organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales. Como consecuencia de esos sucesos más de 30 personas tuvieron que vivir en el exilio.
Los datos hacen parte de una investigación académica que se recopiló en ‘Fracturas del alma mater’, escrito por Muriel Jiménez Ortega, Edwin Corena Puente y Christian Maldonado.
