Los socios de Clase B minoritarios de Triple A propusieron a la Procuraduría General de la Nación una 'gran mesa de conciliación' para buscar una salida al problema jurídico que tiene la empresa de servicios públicos, de tal manera que pueda acceder a créditos para los grandes proyectos que tiene contemplados.
En una comunicación, los socios se dirigen al procurador Fernando Carrillo para poner en conocimiento la solicitud que busca una mesa de trabajo entre los socios clase A, B y C, estos últimos los de Inassa, quienes tienen medida cautelar.
Indicaron que esperan llegar a una conciliación con la presencia de la Procuraduría y la Fiscalía.
'La preocupación nuestra es que en el mes de enero del 2021 hay cambio, y usted tiene el conocimiento amplio y claro el problema de la empresa Triple A, igual que la Fiscalía, por ese motivo es que recurrimos a usted a ver si logramos, antes que termine su mandato constitucional, se tome una decisión de la mejor manera concertada en beneficio de la ciudad de Barranquilla', se lee en el documento.
Aseguraron que en la mesa le estarían dando una salida al problema jurídico y así no demorarían 'años' para una solución, que –según dicen– lleva varios años.
Indicaron, además, que la empresa, a raíz de los inconvenientes, tiene 'las puertas cerradas' para poder gestionar nuevos créditos a la banca para las grandes inversiones que se requieren en el Distrito y municipios del Atlántico donde prestan servicio de agua potable, alcantarillado y aseo.
Los socios recordaron la modificación al acuerdo de accionistas en el año 2000 y pidieron tenerla como ejemplo y llegar a la conciliación.
En el escrito, los socios Clase B dejaron cuatro puntos que tienen que ver con el lío jurídico que consisten en que la línea de investigación del desfalco de los casi $50.000 millones, entre los años 2008 y 2015, debe lograr que las personas implicadas devuelvan 'todos los dineros sustraídos y pidan perdón a la sociedad'.
El otro punto es sobre la asistencia técnica o gerenciamiento. Buscan acordar con el Socio Clase C la situación de la asistencia técnica, ya sea que la hayan prestado de manera total o no y teniendo en cuenta que esta se terminó en 2018, para llegar a los acuerdos y hacer los ajustes necesarios para que se devuelvan los dineros ya que las entidades que hacían la revisoría fiscal nunca presentaron un informe.
Pidieron a Inassa un 'ajuste claro, preciso y de cara a la ciudad' del contrato de la terminación de la concesión, el cual está firmado hasta el año 2032, para que en esa fecha la ciudad reciba la empresa sin problemas jurídicos.
También pidieron crear una veeduría conformada por socios, personas jurídicas y naturales con acompañamiento de la Procuraduría General hasta la terminación del contrato de la concesión.
Recordaron que la Procuraduría General de la Nación es el órgano a cargo para garantizar los derechos colectivos de la ciudadanía y las víctimas, y como sociedad civil y víctimas quieren darle una solución al caso 'antes que los servicios públicos comiencen a colapsar'.
