Un grupo del gremio de transportadores escolares del Atlántico ha dennciado a este medio 'el abandono estatal' en el que se encuentran actualmente, debido a que, según indicaron, han estado nueve meses sin ningún tipo de entrada económica.
Los conductores manifestaron que el Gobierno no los tuvo en cuenta a la hora de ejecutar los proyectos de alivio económico durante la cuarentena y que por ello 'están desesperados', pues, según contaron, esta crisis económica los llevó a la quiebra.
'El Gobierno nos obliga a que paguemos pólizas de vehículos que están guardados, favorecen a los grandes empresarios y a los más pobres nos olvidan. Ya estamos en la ruina, pero tenemos miedo de quedar en la calle. No nos dejan sacar los vehículos porque al no tener la documentación al día se supone que representan un peligro en la vía, pero cómo van a representar un peligro si han estado guardados por nueve meses', expresó Víctor Acuña, uno de los afectados.
El hombre manifestó que pese a que ya han elevado distintos derechos de petición ante el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transportes y la Superintendencia Financiera de Colombia, no han recibido ninguna respuesta por parte de las entidades.
Acuña, además, indicó que las empresas a las que el gremio está afiliado les han realizado distintas exigencias a los transportadores, tales como la póliza civil contractual y extracontractual, la tecnomecánica y la tarjeta de operación, exigencias que no han podido cumplir, por no tener los medios necesarios. Algunas de estas empresas, explicó, están inflando los precios de las pólizas, las cuales adquieren por medio de entidades externas.
'En la empresa a la que estoy afiliado me cobran $1 millón 400 por la póliza. Enviamos un derecho de petición a la entidad aseguradora y descubrimos que la póliza cuesta $1 millón 40 mil pesos; es decir, hay un excedente de $350 mil pesos. No generamos ingresos y no nos dan trabajo, pero sí nos sacan dinero y abusan del cobro, el cual está prohibido por las normas de transporte', agregó.
Donairo Morales, miembro del gremio, aseguró que 'la han pasado muy mal', pues, como indicó, esa era la única fuente de ingresos que tenían y no han obtenido ayudas por parte de ningún organismo gubernamental.
'Las empresas a las que estamos afiliados no nos han apoyado, nos han exigido que paguemos mensualmente la administración, cuando saben bien que los carros están parqueados. No nos han dado ningún servicio y nos cobran $110 mil pesos mensual', manifestó.
Ante esta problemática, EL HERALDO consultó con la Secretaría de Desarrollo Económico, que indicó que cualquier persona natural o jurídica que tenga actividad productiva podrá acceder a la línea de crédito preferencial. Para ello, debe seguir los pasos que aparecen en la página de la Alcaldía y realizar la gestión a través de las entidades financieras.
'El cupo inicial de $60 mil millones se logra con el aporte de $3 mil millones por parte del Distrito, dirigidos a mejorar las condiciones. De esta manera, se logra un multiplicador de 20 veces la inversión de la Alcaldía para salvaguardar la liquidez de las empresas', puntualizó.
