A través de un oficio, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado que se prioricen 'los derechos a la salud y la vida' de los afiliados a Ambuq EPS, teniendo en cuenta que en las regiones no existe una 'completa red de prestadores de servicios de salud para atender sus necesidades'.
La posición del ente de control se conoce como respuesta a una consulta hecha por el exrepresentante legal de la EPS ante la tutela que suspende los efectos de la liquidación de la EPS.
'Las decisiones de la Superintendencia Nacional de Salud se encuentran técnica y jurídicamente sustentadas en hechos probados. En los trámites de acciones de tutela, ha actuado para impedir que los intereses de unos pocos particulares sirvan de sustento para la violación sucesiva de derechos fundamentales', se lee en el documento que es firmado por Diana Margarita Ojeda Visbal, en su calidad de procuradora delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente.
Según la entidad, las acciones de la Supersalud han estado orientadas a la protección de los derechos de 'los centenares de miles de afiliados afectados, entre ellos, un significativo número de niños, por las manifiestas irregularidades en la operación de las EPS, y no los de unos pocos accionistas, asociados, empleados o contratistas'.
Minsalud suspende asignación de afiliados de Ambuq EPS
Asimismo, la Procuraduría dio traslado a la Fiscalía para que investigue posibles conductas incurridas por el exrepresentante legal de la EPS al 'haber intentado inducir a error a este organismo de control', teniendo en cuenta que formuló la solicitud sin actuar actualmente como representante legal.
'Desde el día 13 de febrero de 2021, el representante legal de dicha entidad promotora de salud es Luis Carlos Ochoa Cadavid', a quien le fue solicitado que se inicie 'una investigación al interior de la entidad promotora de salud para establecer en qué circunstancias fue utilizado el correo electrónico para notificaciones judiciales, para remitir su comunicación a este organismo de control'.
Por otro lado, el Ministerio Público solicitó a la Superintendencia de Salud que dé traslado –a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía– de 'los informes del contralor de la medida de vigilancia especial; de los informes de la Revisoría Fiscal y los de la misma Superintendencia en los que se describan las conductas con incidencia disciplinaria, fiscal y penal en las que al parecer habrían incurrido los anteriores administradores de los recursos parafiscales'.
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