El proyecto para la construcción del complejo carcelario en el municipio de Candelaria avanza en los trámites correspondientes, según informó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en una reunión realizada la semana anterior en la Gobernación del Atlántico.
En ese momento, el ministro dijo que este proyecto va a ser una realidad en el marco de un convenio marco y dos adicionales que se firmaron para darle vida a esta iniciativa que busca fortalecer el cupo carcelario y reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios.
Sin embargo, a comienzos de marzo fue presentada una querella en la Inspección de Policía de Campo de la Cruz para exigirle al Ministerio de Justicia que se respete la servidumbre de varios predios que, según argumentaron los dueños de los fincas, datan de más de 100 años de vigencia.
En la querella por perturbación a la servidumbre, el abogado Emiro Martínez asegura que los propietarios de cuatro predios a los que él representa se afectarán con el proyecto porque al englobarse unos terrenos de servidumbre se les ha cercenado el paso por el camino Real, un espacio que ha sido utilizado por más de 80 años por los pobladores de Campo de la Cruz y Candelaria.
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Según los querellantes, las autoridades ya realizaron el cerramiento del predio donde se construirá el nuevo establecimiento carcelario, por lo que el camino quedó bloqueado y, por consiguiente, incomunicada la zona en mención.
Por esta razón, en la querella los dueños de los predios solicitan el restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de los daños materiales que pudieron haberse incurrido con esta acción.
Según el abogado Martínez, lo que reclaman los campesinos es justo porque no se los pueden dejar encerrados en sus predios; sin embargo, no descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Justicia frente a una alternativa de solución para que los predios pueden tener 'una salida, una comunicación'
La primera audiencia para atender esta querella se realizó la semana pasada. En ella participaron representantes del Ministerio de Justicia, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la Gobernación del Atlántico y las alcaldías de Campo de la Cruz y Candelaria. Una fuente cercana al proyecto aseguró que el Uspec ya tiene una alternativa para resolver esta situación, la cual está contemplada dentro del proyecto.
