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Los miembros de la mesa de garantías de la Universidad del Atlántico lograron avanzar en varios acuerdos en temas académicos, políticos, disciplinarios, presupuestales, de bienestar universitario y de derechos humanos.

Tras intensas y largas jornadas de trabajo, los estudiantes y directivos de la universidad consiguieron varios acuerdos que abren el camino para la normalización académica. Como garantes del proceso estuvieron la Gobernación del Atlántico y la Defensoría del Pueblo.

La jornada se extendió por más de 12 horas para conseguir un pacto que atendiera las necesidades planteadas por los estudiantes en cada uno de los aspectos definidos para analizar en la mesa de garantías.

Es así como el día lunes se llevará a cabo una multiestamentaria donde asistirán estudiantes para explicar los acuerdos.

Entre tanto, el Consejo Académico también se reunirá, con el fin de revisar el nuevo calendario académico y aprobarlo.

Los delegados por las asambleas de cada una de las facultades pactaron, entre otros aspectos, que el periodo académico correspondiente a 2021-1 comprenderá un total de 17 semanas, las cuales estarán distribuidas de la siguiente manera: 15 semanas académicas y dos semanas de evaluaciones (exámenes finales, supletorios, habilitaciones y cierre académico

También se acordó crear una comisión que sesionará dos días después del inicio de clases, para continuar con la construcción del plan piloto de alternancia, el cual comenzará con la Facultad de Bellas Artes. Esta comisión estará conformada por el comité Covid de la Universidad, el vicerrector de Bienestar, vicerrector de Docencia, decano de Bellas Artes, coordinadores de Danza, Música, Licenciatura en Música, Arte Dramático, Artes Plásticas, un docente experto y un estudiante por programa.

Según lo acordado, el piloto deberá estar concluido a final del periodo académico 2021-1 para ser aplicado en el primer semestre del año 2022. Luego se seguirá con las demás facultades que requieran la alternancia, con una comisión semejante, teniendo en cuenta la priorización de las asignaturas prácticas, teórico-prácticas y finalmente las teóricas.

Dentro de los acuerdos, los directivos de la universidad se comprometieron a no adelantar o promover procesos disciplinarios, judiciales o académicos contra los estudiantes delegados o voceros, estudiantes tomistas, profesores o directivos que hayan participado del paro nacional, local o universitario y atendiendo el derecho a la protesta social.