Por medio de una carta del 16 de enero, la empresa de energía Air-e respondió a las críticas que se han realizado desde distintos sectores por la comisión del 3% que obtiene la comercializadora al recaudar, a través de las facturas a los usuarios, el impuesto de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
En el documento, la compañía aclaró que la Ordenanza 591 de 2023 señala que 'las empresas comercializadoras que presten el servicio de energía en el departamento del Atlántico tienen la obligación de facturar y recaudar de sus usuarios la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esas mismas normas señalan que por la prestación de dichos servicios se le reconocerá a tales empresas una remuneración equivalente al 3% del total recaudado, incluido el IVA'.
Air-e aseveró que el cobro de este tributo es una 'obligación' que se le impuso a las empresas comercializadoras de energía y que la remuneración 'no es producto de una negociación, sino que es un reconocimiento que de manera unilateral y autónoma hizo el departamento del Atlántico'.
De acuerdo con el diputado del Atlántico, Alfredo Varela, la compañía recibe 'una comisión multimillonaria únicamente por el cobro de la mencionada tasa'. Ante esto, le empresa señaló que la remuneración no la recibe exclusivamente Air-e. sino que le corresponde a 'las más de 25 empresas comercializadoras que suministran el servicio de energía a los usuarios en el Atlántico'.
Ademdás detalló que la remuneración que recibe 'no cubre todos los costos logísticos que implican los procesos' de recaudo. En la carta dirigida a Varela, Air-e sostuvo que 'el cobro de terceros tiene un peso de aproximadamente un 30% en la factura, lo que implica que si son retirados de la factura se le aliviará considerablemente el pago del servicio de energía a los atlanticenses.'.
Fermín de La Hoz, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, había mencionado también en su momento que la cesión de este cobro se podría traducir en un alivio en la facturación para los ciudadanos, teniendo en cuenta que las contribuciones tienen un peso cercano al 30 %.
Finalmente la compañía le manifestó a Varela que, de no estar de acuerdo con el proceso de recaudo, lidere desde la Asamblea Departamental los cambios en la normativa tributaria local para no continuar ejecutando la facturación y recaudo del tributo y que esto pase a la Secretaría de Hacienda o la entidad que se considere.
