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Un nuevo choque de trenes se podría generar en el interior del Gobierno nacional debido a la intransigente posición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de exigir licencia ambiental para el desarrollo de las obras en el canal del Dique.

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La situación ha generado descontento y preocupación entre las autoridades del Atlántico, Bolívar y Sucre debido a los posibles retrasos que tendría el proyecto, que se ha planteado como una respuesta a la necesidad histórica de esta zona con relación al control de inundaciones y la recuperación ambiental.

En medio de la polémica, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aseguró a EL HERALDO que los actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para aprobar el instrumento ambiental se encuentran amparados por la 'presunción de legalidad' y que –hasta el momento– no se ha declarado su nulidad.

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'En consecuencia, el proyecto cuenta con un instrumento de manejo y control ambiental denominado Plan de Restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique', sostuvo la entidad.

La ANI indicó que en el 'eventual caso' que se requiera el proceso de licenciamiento ambiental, en un escenario conservador, la fase de preconstrucción tomaría cerca de 30 meses. Es decir, 12 más de los proyectados inicialmente.

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En ese sentido, expuso que el tiempo se encuentra sujeto a situaciones tales como la revocatoria de la resolución que aprobó el instrumento ambiental y que se ratifique la decisión de establecer la necesidad de una licencia ambiental.