Llegó la hora cero. A partir de este miércoles se pone en marcha el nuevo modelo de salud para el magisterio, a pesar de los cuestionamientos hechos por parte de los órganos de control y cierto desconocimiento entre docentes sobre los mecanismos de atención.
(Le puede interesar: Haremos una revisión profunda del Plan de Desarrollo: concejales de B/quilla)
En el Atlántico, la implementación de este modelo ha generado voces a favor y en contra al interior del gremio. Mientras algunos docentes respaldan el cambio que se ha adoptado, otros han expresado su inconformismo debido a las 'improvisaciones' en su implementación.
José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla (Adeba), sostuvo que este nuevo modelo de salud es 'necesario' debido al monopolio que estaba generándose alrededor de la atención de salud.
'En esta región había un solo proveedor, que hasta el momento ha prestado un pésimo servicio. Muchas veces para conseguir una cita con un especialista tenemos que esperar entre 5 y 6 meses. Muchos compañeros han fallecido esperando esa cita con el especialista y cuando llega la cita con el especialista se detectan ciertas enfermedades que ya son irreversibles', expuso.
(Vea también: Presentan Plan de Desarrollo en Baranoa para impactar a 70 mil habitantes)
Destacó que es un acierto que existan diferentes operadores para que el maestro o sus familiares seleccionen quién le prestará el servicio de salud: 'Es un modelo que va a dar ventaja para que los maestros y maestras tengamos una mejor atención'.
Se mostró en desacuerdo con las críticas hechas por la Procuraduría y la Contraloría, teniendo en cuenta que 'este modelo va a generar bienestar para los maestros'.
A su turno, Alberto Ortiz Saldarriaga, directivo de la Asociación de Docentes del Atlántico (Adea), sostuvo que el nuevo modelo de salud no puede reducirse a cambios cosméticos ni implementarse improvisadamente.
(No deje de leer: Papiros requiere de nuevo estudio de seguridad vial: Sociedad de Ingenieros)
'Nada está listo y más allá de un muy seguro período de transición de 3 o 6 meses, que favorece el statu quo y que constituye una forma eufemística de disfrazar una prórroga que encubre unos superlativos niveles de improvisación, nada hay de nuevo más allá de una enorme posibilidad de defraudación de la confianza con un impacto incalculable para la legitimidad y credibilidad de las organizaciones sindicales y del presidente Gustavo Petro', sostuvo.
Asimismo, indicó que 'más allá del discurso contra la intermediación, el principio constitucional de libertad de escogencia pierde todo sentido si entre la baraja de posibilidades no existe una opción pública, producto de la reconstrucción integral del sistema y de una red pública', agregó Ortiz.
También alertó que más de 25 mil usuarios en Barranquilla pueden ser atendidos en el nivel primario por 'una IPS de garaje o con insuficiente número de sedes tanto para la atención como para el desarrollo de un modelo de salud preventivo y predictivo, que es infuncional para una población por atender mayoritariamente envejecida y con patologías irreversibles'.
