La falta de capacidad de las instituciones educativas públicas en el municipio de Soledad para atender la demanda de la población estudiantil sería la “excusa” para el presunto desvío de recursos a través de la asignación de becas.
Alcaldesa de Soledad contratará auditoría especial para revisar caso de becas
Tras los informes publicados por EL HERALDO alrededor de irregularidades en este proceso, una fuente –que pidió la reserva de su identidad debido a motivos de seguridad– dio a conocer algunos detalles de cómo funciona este “negocio”, en el cual estarían involucrados algunos grupos políticos del municipio.
De acuerdo con la fuente –que realizó una denuncia por este caso ante la Fiscalía–, los colegios privados que son contratados por la administración municipal son contactados por miembros de los grupos políticos para “negociar” el número de becas a asignar, así como la forma en que se dividen los recursos.
“Esta delicada denuncia debe tener las investigaciones a que haya lugar”
“La negociación varía entre una institución y otra. Por ejemplo, si el contrato es de $1.600.000 por beca, el colegio recibe el millón de pesos y los ‘encargados’ se quedan con los 600 mil restantes”, sostuvo la fuente a EL HERALDO, quien conoce a detalle la operación del sistema educativo en el municipio.
Añadió que otro de los ‘modus operandi’ corresponde al alquiler de pequeños colegios en los barrios para convertirlos en sedes de las instituciones que se encuentran habilitadas en el banco de oferentes, aún sin cumplir con los requerimientos de infraestructura.
“Ellos tienen la papelería lista. Lo que hacen es comprar los colegios que atienden a 50 o 60 niños, le hacen una oferta jugosa al dueño de la institución, así no se encuentre en el banco de oferentes”, expresó con vehemencia.
Mencionó que las autoridades autorizan y permiten el funcionamiento de hasta ocho sedes por colegio, a pesar de que la norma no lo permite, y para eso se escudan en que no existe cobertura en algunos barrios del municipio.
Dijo, además, que esto no es nuevo, que desde gobiernos anteriores se vienen realizando estas prácticas: “Contratan un auditor de ellos mismos y dejan pasar las cosas, esas son costumbres antiguas”.
La fuente también enfatizó que la norma no le permite a ninguna institución contar con un contrato de más de 1.300 estudiantes becados.
También contó que estas personas tienen carpetas con registros civiles de más de tres mil niños: “Por eso es que ellos hacen la contratación el primer año, cuando entra la alcaldesa. Ella (Alcira Sandoval), tal vez, es inocente del tema porque ellos presentan la documentación totalmente alterada”.
