Con el propósito de garantizar los derechos y oportunidades a la población en condición de discapacidad del departamento, en el marco de la nueva política pública nacional, se llevó a cabo un encuentro de las secretarías de Gobierno de los 22 municipios del Atlántico para activar el comité departamental y los municipales de discapacidad.
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El encuentro liderado por la gobernación del Atlántico contó con la asesoría técnica de los ministerios del Interior y de la Igualdad.
De acuerdo al censo del DANE del año 2018, se estima que existen 140 mil personas en condición de discapacidad, que representan el 5.3 % de la población; sin embargo, según la gerente de Capital Social del Atlántico, Karina Llanos, existe un subregistro, “es una tarea en la que el Gobierno departamental está empeñado en actualizar para garantizar los derechos de estas personas en los 22 municipios y sus cuidadores”, señaló.
A su turno, Cecilia Arango, secretaria de Planeación del Atlántico y el asesor para la Discapacidad, Hernando Viloria destacaron el compromiso de la administración departamental sobre esta población que quedó incluido en su plan de desarrollo 'Atlántico para el Mundo', a través de un trabajo intersectorial de las secretarías y oficinas misionales como Salud, Educación, Mujer, Interior, Capital Social e Indeportes, entre otras.
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“Estamos trabajando para poder generar una mejor inclusión en la sociedad, para que puedan tener una mejor movilidad, oportunidades laborales, de desarrollo personal y de mejora en toda su calidad de vida familiar, por eso los cuidadores también estarán presentes”, dijo Arango.
Viloria señaló que solo estaban funcionando los comités municipales de Soledad, Puerto Colombia, Juan de Acosta y Sabanagrande, “por lo que la Gobernación, comprometida con visibilizar y garantizar los derechos de estas personas, trabaja con cada una de las alcaldías municipales para que la población con discapacidad sea objeto de derecho y sea representada en estos comités”.
Además, estos espacios son para que tengan participación las personas con condiciones de discapacitados física, visual, auditiva, múltiple y sordo ceguera, y puedan representarlos familiares, indicó el funcionario.
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La meta desde el departamento es superar los retos para una real inclusión en todos los sectores, garantizar el acceso laboral, reactivar todos los comités municipales y acompañar a las organizaciones no gubernamentales de estas personas.
Participaron de este encuentro en la Plaza de la Paz, el Ministerio de la Igualdad, a través de su asesor Julián Sánchez con la socialización de la nueva política pública nacional en el tema y el Ministerio del Interior con Yasmin Piraxan Parra, coordinadora del Grupo de Gestión en Discapacidad.
Piraxan hizo un trabajo pedagógico a los enlaces de los comités, como quiera que el Ministerio del Interior sea la instancia nacional que lidera la secretaría técnica del Consejo Nacional de Discapacidad.
La participación nutrida de asistentes, se centró en exponer las problemáticas actuales en los municipios y en el aprendizaje colaborativo, con base en las experiencias, para el fortalecimiento de sus capacidades y en poder aprovechar las oportunidades que se ofrecen para este tipo de población.
Gerson Orozco, secretario del Interior del municipio de Santa Lucía, señaló que en su territorio, hasta el momento se carece de un censo y de la caracterización de la población con discapacidad, sin embargo “con la asesoría del departamento y de la Nación vamos a poder articular todo este trabajo que vamos a desarrollar para garantizarle todos sus derechos fundamentales, como educación, salud, al trabajo y también la activación de los comités correspondientes”.
Eduard González, representante de la organización IncluRed, un joven con discapacidad visual, expuso que este tipo de escenarios son muy importantes para la sociedad civil porque garantizan la participación efectiva de la población con discapacidad y de esta manera se pueda incidir de manera precisa, oportuna y eficaz. “Celebramos con mucho entusiasmo que empiece esta administración brindando estas asistencias técnicas a estos comités”, dijo.
En el Atlántico se espera trabajar en varios ejes fundamentales, de acuerdo a un cronograma que parte de activar los comités de discapacidad, para la atención efectiva de esta población.
También en la política pública departamental de discapacidad, como en el plan estratégico para potenciar las capacidades de esta población, con el fin que los esfuerzos no sean solo de asistencialismo, sino en aprovechar sus habilidades y conocimientos para el mundo laboral, al garantizar su acceso a la educación para el trabajo productivo. De igual manera, aprovechar las líneas que ofrece el Gobierno nacional, como en materia de financiación de proyectos productivos, a través de capital semilla para fortalecer los emprendimientos, al igual que poner atención al grupo de cuidadores, un grupo invisibilizado que requiere de apoyo en materia de empleo desde casa y asistencia comunitaria.
Viloria agregó que en el Atlántico existe una población en condición de discapacidad ligada a niveles de pobreza que la Gobernación y las alcaldías municipales están dispuestas a atender, no obstante, “estamos expectantes por el apoyo nacional para que las EPS apoyen con las ayudas técnicas”.
Los enlaces de los comités y población con discapacidad elevaron su voz para que se incluya de manera obligatoria la participación en esas instancias de los institutos o secretarías de deporte, ya que su práctica hace parte fundamental de su recuperación física, emocional e inclusión social.
La representante del Ministerio del Interior anunció que se va a reformar la Ley 1145 de 2007 y allí se podría incluir la participación de las instancias del deporte den los comités departamental y municipales, ya que actualmente están integrados por alcalde o gobernador, secretarías de Salud, Educación, Tránsito y Transporte, Desarrollo social, Planeación, representantes con discapacidad física, visual, auditiva, múltiple, sordo-ceguera, mental y cognitiva, así mismo participan como invitados ICBF, SENA, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y la academia.
