La crisis que atraviesa el sistema de salud ha desencadenado en la intervención de EPS como Sanitas y Nueva EPS, así como la solicitud de Sura y Compensar para retirarse voluntariamente. En medio de esta difícil coyuntura, la discusión se ha centrado alrededor de la “insuficiencia” de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) y los presupuestos máximos.
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En diálogo con EL HERALDO, varios expertos se refirieron al papel “preponderante” que estas figuras tienen para la estabilidad del sistema de salud. Además, reflexionaron alrededor de la discusión que se ha generado entre el Gobierno y las EPS con relación a la construcción de un “escenario viable” desde lo financiero.
Johnattan García Ruiz, investigador sénior en salud pública de la Universidad de Harvard, explicó que la Unidad de Pago por Capitación corresponde, en términos sencillos, al valor que el Estado asigna por cada afiliado del sistema de salud para su atención.
“Cada EPS recibe un monto dependiendo del número y tipo de afiliados que tenga. Es muy relevante porque es el que define el presupuesto que tiene el sistema para poder brindarle a la población aquellos servicios, procedimientos, medicamentos, entre otros”, explicó el experto.
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En ese sentido, García Ruiz expuso que existen dos versiones alrededor de la suficiencia de la UPC. En primer lugar se encuentran las EPS, que han asegurado en reiteradas oportunidades que la UPC actual no es suficiente para cubrir la atención de los servicios de salud de los colombianos, lo que ha conllevado a crear problemas en la prestación de estos servicios.
En segundo plano, agregó, el Gobierno ha expresado que la UPC sí alcanza y que las EPS están haciendo una mala gestión de los recursos que se les entregan.
“Yo creo más en la primera, tanto porque es la realidad que reflejan las finanzas de las EPS y porque globalmente sí hay un fenómeno de aumento de costos que no pueden ser cubiertos por los presupuestos disponibles”, explicó García Ruiz.
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Luis Gonzalo Morales, médico con maestrías en Salud Pública y Ciencia Política, explicó que –en la actualidad– la UPC se ajusta por sexo y región del país, siendo mayor en las mujeres en edad fértil, en los menores de un año y en los mayores de 60.
“Igualmente se reconoce un valor adicional para ciertos territorios como San Andrés y Providencia, el Chocó y los Llanos Orientales. Su relevancia radica en que es el monto al que cada ciudadano tiene derecho para que se cubran sus servicios de salud, el cual surge de las cotizaciones que hacen del salario y pagado por el Estado cuando se trata de personas pobres o en condición de vulnerabilidad que no pueden aportar al sistema”, expuso el experto.
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El también exsecretario de Salud de Bogotá se mostró de acuerdo con la necesidad de revisar el alcance de la UPC: “Se debe ajustar periódicamente en función de las nuevas tecnologías que ingresan al país y a que la población es cada vez más vieja y por ende demanda más servicios y de mayor complejidad y costo”.
Ramón Abel Castaño, consultor y experto en sistemas de salud, aseguró que la UPC es uno de los logros más importantes en equidad del actual modelo de financiamiento: “Aquel que tiene altos ingresos paga mucho y el que tiene bajo ingresos, paga poco, pero poco, pero todos reciben la misma UPC”.
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Agregó que es “clarísimo” que se debe recalcular la UPC debido a que, durante los últimos tres años, ha tenido incrementos “insuficientes” para responder a una creciente demanda y mayor inclusión en el plan de beneficio.
“Los gastos se incrementaron debido a una mayor inflación, mayor devaluación. A pesar de que el Gobierno incrementó más que en otros periodos la UPC, estos han sido insuficientes”, aclaró el experto.
Dijo que este es el indicador “más crítico” debido a que representa el ingreso operativo de las EPS para pagar las atenciones médicas de los afiliados: “La causa de fondo es que el sistema gasta mucho más de lo que recauda, básicamente porque se da una cobertura ilimitada, siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional”.
