Debido al inicio de la temporada de lluvias en el Atlántico, el Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo tomó la decisión de declarar la calamidad pública en la vereda de Caimital, jurisdicción de Malambo, y en los corregimientos de Hibácharo y Aguas Vivas, en Piojó.
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La decisión fue adoptada debido a que en la vereda Caimital se ha identificado un “inminente riesgo de inundación” debido a la erosión fluvial que ha conllevado a la desaparición de 164 metros de orilla.
Con relación al corregimiento de Hibácharo, la declaratoria se sustenta en el riesgo de deslizamiento en un sector debido a las condiciones del terreno que favorece la filtración de agua. Mientras que en Aguas Vivas, por su parte, se da la declaratoria por riesgo de deslizamiento e inundación.
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El subsecretario de Prevención y Atención de Desastres del departamento, Nelson Oquendo, explicó que la declaratoria de emergencia tiene una vigencia de seis meses y está orientada a concentrar los esfuerzos de las autoridades municipales, organismos de socorro y la Gobernación en la atención de cualquier emergencia.
“Desde la Gobernación hemos realizado cuatro mesas técnicas con la participación de la Alcaldía de Malambo, la Secretaría de Infraestructura del Atlántico, autoridades y organismos de socorro, de estas reuniones hemos podido establecer a través de estudios topográficos y batimétricos las áreas que debemos intervenir como el cierre del Jarillón de 150 metros, a una distancia de 300 metros de la zona crítica”, enfatizó el funcionario.
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Cabe anotar que la administración departamental, a través de la Secretaría del Interior, ha venido trabajando de forma articulada con los coordinadores de la gestión del riesgo en los 22 municipios en la detección de alertas tempranas e identificando la población en condiciones de vulnerabilidad ante el riesgo ya sea por deslizamiento, inundaciones o vendavales.
En esa misma línea, el gobernador Eduardo Verano ha hecho un insistente llamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para que evalúe –junto con la administración local y el gobierno departamental– las posibles soluciones y evitar la pérdida de tiempo y recursos en obras de mitigación cada vez que suba el nivel del río sin una solución estructural a la problemática.
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La Alcaldía de Malambo, por su parte, ha destinado $ 600 millones para realizar las obras de mitigación en puntos críticos que permitan detener la erosión y contrarrestar la acción del río Magdalena, evitando desbordamientos que podrían afectar a otros municipios como Santo Tomás y Soledad.
